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Bienvenidos al blog del Colegio de Empresistas de Cantabria. Desde este espacio pretendemos proporcionar una nueva ventana de información práctica a nuestros colegiados y, sobre todo, generar una red de comunicación directa con todos vosotros, con contenidos de actualidad y datos importantes para nuestro sector, al mimo tiempo que abriendo un nuevo canal en el que podáis dar salida a vuestras dudas y compartir aspectos de interés de nuestra profesión.

JORNADA SOBRE COMPLIANCE (Cumplimiento Normativo) Nuevo marco de actuación para los asesores de empresa

Organiza: Colegio de Empresistas de Cantabria.

 

Fecha: Miércoles, 1 de marzo de 2017.

 

Horario: De 9:45 a 14:00 h. (9:30h Recepción de asistentes).

 

Lugar: Cámara de Comercio

Plaza Velarde – Santander.

 

Ponentes:

– Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Barcelona. Consultor de Molins-Silva Abogados.

 

– Prof. Dra. Silvina Bacigalupo Sagesse. Catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Of Counsel de 25 Abogados&Economistas

 

Introducción:

“El compliance” o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. Dentro del marco normativo no han de considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que también deberían incluirse en el mismo las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética, y en consecuencia objeto de responsabilidad.

 

Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el 1 de julio de 2015, las organizaciones empresariales se ven en la obligación de establecer sistemas de gestión de cumplimiento normativo.  Nuestro ordenamiento introduce  la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta por sus representantes legales y administradores,  pero también, por quienes estando sometidos a su autoridad hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Con esta reforma una empresa no sólo debía enfrentarse a las sanciones, generalmente de gran importancia económica, que las distintas regulaciones sectoriales establecen, sino que también debía enfrentarse a la responsabilidad por un delito.

 

Recientemente se introdujo una modificación al respecto de esta responsabilidad penal, en virtud de la cual la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad cuando haya adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; la supervisión de esas medidas quede encomendada a un órgano interno con una cierta autonomía.

 

Esta reforma es clave para el sector del compliance, pues se convierte en algo prácticamente obligatorio para poder eludir la responsabilidad penal que pudiera producirse. Y no es extraña la introducción de esta reforma, pues en muchos casos la comisión del delito escapa de la posibilidad de control del representante de la empresa, especialmente en entidades de gran tamaño, por lo que es acertado que el juez pueda valorar que se tomaron unas medidas diligentes para evitarlo y, de esa forma, exonerar la responsabilidad.  Lo que Contribuye, en definitiva, a aumentar la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, potenciará que las empresas adopten sistemas de control que se extenderán a otros ámbitos de riesgo además del penal.

 

Este curso tiene la finalidad de proporcionar a los asistentes los conocimientos clave para establecer los fundamentos de un sistema eficaz de gestión de Compliance, a la medida de sus organizaciones, que funcione como herramienta para asegurar el cumplimiento legal. Abordando en profundidad desde un enfoque teórico y práctico el significado de Compliance y las responsabilidades asociadas para la empresa, la organización y los recursos necesarios para establecer un sistema eficaz, para la implantación de un sistema de Compliance.

( Sánchez y  Sánchez)

Colaboran:

– Colegio de Economistas de Cantabria

– Colegio de Abogados de Cantabria

– Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria

– Gobierno de Cantabria. Dirección General de Economía y Asuntos Europeos.

 

Programa y Boletín de Inscripción: se adjunta a continuación.

 

Cuotas de inscripción:

Colegiados en desempleo de los colectivos organizadores/colaboradores……………………. 20 €

Colegiados de los colectivos organizadores/colaboradores………………………………………. 45 €

Otras inscripciones………………………………………………………………………………………… 80 €

 

 

*Desempleados, adjuntar fotocopia de la tarjeta de desempleo.

 

Todas las inscripciones de despachos profesionales, disfrutarán de una bonificación del 25 % a partir de la segunda matricula.

 

Inscripción: rellenar el boletín de inscripción que se adjunta y enviar junto con comprobante transferencia bancaria (a Banco Sabadell: ES40-0081-7140-0900-0125-0433) por correo electrónico a: [email protected]

 

Fecha Fin Inscripción: 27-02-2017 (lunes).

 

PLAZAS LIMITADAS

 

 

Contacto: Tfno. 942 21 83 20 (Lorena)

 

Más información:

www.empresistascantabria.es

 

Colegio de Empresistas de Cantabria

C/ Jesús de Monasterio nº 10. 4º izq. 39010-SANTANDER

Teléfono  942 218320 / Fax 942 240623

[email protected]

 

 

Descarga de archivos

Programa (PDF 0,42 Mb).

Boletín de Inscripción (PDF 0,33 Mb).

NOVEDADES FISCALES PARA LOS PROFESIONALES EN 2017

A pesar de que la reforma fiscal va quedando atrás, los cambios que vienen de la mano de las modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, el endurecimiento en el aplazamiento de deudas y la obligación de relacionarse vía electrónica con todas las administraciones públicas, incluida la Agencia Tributaria, son algunas de las principales novedades en materia fiscal del nuevo ejercicio. Las principales modificaciones tributarias, aparte de las que se produzcan por la utilización de su capacidad normativa por las Comunidades Autónomas, provienen del Real Decreto-ley 2/2016 -en lo referente a pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades- y, fundamentalmente, del Real Decreto-ley 3/2016 publicados a finales de 2016. Las principales novedades, aplicables para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2017, salvo que especifiquemos lo contrario, son las siguientes: Impuesto sobre Sociedades

  • Compensación de bases imponibles negativas: con efectos desde ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 el límite a la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores será el 70% de la base imponible previa a la reducción de la reserva de capitalización, teniendo siempre la posibilidad de compensar hasta 1 millón de euros. Sin embargo, para entidades con importe neto de la cifra de negocios en el año anterior de al menos 20 millones, el límite será el 50% de la base imponible previa y, si dicho importe neto de la cifra de negocios alcanza los 60 millones o más, el límite será solo el 25% de dicha cantidad, aunque, como mínimo, también estas grandes empresas podrán compensar hasta 1 millón de euros.
  • Deducciones por doble imposición: con efectos para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016 se limita al 50% de la cuota íntegra el montante anual de deducciones por doble imposición que se pueden restar de la misma, y en dicho límite se engloban las deducciones por doble imposición interna o internacional del ejercicio o los saldos de dichas deducciones pendientes de compensar que provengan de ejercicios anteriores.
  • Pérdidas por deterioro de valores que fueron deducidas en ejercicios iniciados antes de 1 de enero de 2013: con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 se obliga a integrar en la base imponible dichas pérdidas por deterioro que fueron deducidas en su día, al menos por quintas partes en el primer ejercicio iniciado en 2016 y en los cuatro siguientes. La reversión podría ser mayor si el incremento de los fondos propios de la participada lo fuera o si se produjera la transmisión de la participación.
  • Pérdidas producidas en la transmisión de participaciones: no serán deducibles estas pérdidas si proceden de valores de los que se tenga una participación significativa que otorgue el derecho a la exención de las rentas positivas que de ellos provengan -por tener una participación significativa en la participada del 5% o un valor de adquisición mínimo de 20 millones de euros- y tampoco cuando no se tenga una participación mínima en una filial no residente si en el país donde radica no se aplica un impuesto con tipo nominal mínimo del 10%.
  • Exención de dividendos o de las plusvalías obtenidas en la transmisión de participaciones en una entidad no residente: no se puede aplicar si radica en un país o territorio calificado como paraíso fiscal, salvo que pertenezca a la Unión Europea y el contribuyente acredite motivos económicos válidos y realización de actividad económica.
  • Pérdidas por transmisión de establecimientos permanentes en el extranjero: se prohíbe la integración en base de las mismas.
  • Rentas negativas generadas por la valoración a valor razonable de la cartera de negociación: no será posible deducirlas, excepto en el importe correspondiente a rentas positivas integradas anteriormente por aplicación del valor razonable.
  • Inmovilizado intangible respecto del que no puede estimarse su vida útil: desde ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, estos activos se habrán de amortizar contablemente, como mínimo al 10% anual, si bien el gasto fiscal deducible será del 5%. Hasta ese ejercicio estos inmovilizados se denominaban de vida útil indefinida y no se amortizaban, si bien se permitía un gasto fiscal por ellos del 5% hasta 2011, 2% de 2012 a 2015 en general y 1% para fondos de comercio en esos ejercicios -esos porcentajes reducidos no fueron aplicables a empresarios o profesionales personas físicas-. También habrá que tener en cuenta la posibilidad de acelerar amortizaciones para empresas de reducida dimensión.
  • Pagos fraccionados: los pagos a cuenta se mantendrán como hasta ahora para el sistema de cuota y también para entidades que apliquen el sistema de base pero en el año anterior facturaron menos de 10 de millones de euros. A partir del pago fraccionado de octubre de 2016, para entidades con importe neto de la cifra de negocios en el año anterior superior a dicho importe, el porcentaje de la base a ingresar a cuenta será del 24%, estableciéndose un ingreso mínimo del 23% del resultado contable positivo.

Obligación de relacionarse por vía electrónica con todas las administraciones públicas Desde el pasado 2 de octubre, por aplicación de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los profesionales que precisan colegiación obligatoria para ejercer, así como las entidades sin personalidad jurídica como comunidades de bienes o herencias yacentes, deberán relacionarse por vía electrónica, exclusivamente, con todas las administraciones públicas cuando realicen trámites y actuaciones. Ello atañe a las relaciones tanto con la AEAT como al resto de Administraciones tributarias -Autonómicas o Locales-. Afecta también a las notificaciones electrónicas. Se considera que se ha producido una notificación si el profesional-contribuyente no accede a su dirección la sede electrónica diez días después de ponerse a su disposición. Para acceder a la dirección electrónica es necesario tener certificado electrónico. Otras modificaciones

  • Impuesto sobre el Patrimonio: se prorroga a 2017
  • Aplazamientos y fraccionamientos: se suprime la posibilidad de aplazar las siguientes deudas -si bien se han anunciado excepciones para pymes y autónomos sin concretar-:
    • Respecto a las deudas del retenedor, se suprime la excepción prevista con anterioridad para el caso de que careciera de bienes que ofrecer en garantía y que la ejecución de su patrimonio pudiera tener efectos en el mantenimiento de la capacidad productiva o el empleo de esa actividad económica o pudiera producir graves quebrantos a la Hacienda Pública.
    • Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias suspendidas previamente durante los recursos o reclamaciones.
    • Las derivadas de tributos repercutidos, como el IVA, excepto prueba de que las cuotas no fueron pagadas.
    • Las derivadas de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

 

  • Suministro inmediato de información:

A partir del 1 de julio de 2017, los sujetos pasivos de IVA con volumen de operaciones en el año natural anterior superior a 6.010.121,04 euros, las entidades en régimen de grupo y los sujetos pasivos que apliquen el sistema de devolución mensual, más los sujetos pasivos que quieran adherirse voluntariamente al sistema, remitirán electrónicamente una serie de datos relativos a la facturación recibida y emitida. Los plazos son muy cortos, en general de 4 días para datos de facturas emitidas y recibidas, aunque en 2017, de manera excepcional, el plazo será de 8 días.   Estos contribuyentes presentarán mensualmente las autoliquidaciones del IVA, se les amplía el plazo para ello hasta el día 30 del mes siguiente, se les libera de presentar 347, 340 y 390 y los libros registro se cumplimentarán en la sede electrónica con los datos por ellos suministrados.

Conferencia coloquio: SENTENCIA DEL TJUE SOBRE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LAS CLAUSULAS SUELO Y COMO AFECTAN A LOS CONSUMIDORES

Conferencia coloquio: SENTENCIA DEL TJUE SOBRE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LAS CLAUSULAS SUELO Y COMO AFECTAN A LOS CONSUMIDORES

  Fecha: 15-02-2017 Fecha Inicio Inscripción: 07-02-2017 Fecha Fin Inscripción: 14-02-2017 Organiza: Colegio de Empresistas de Cantabria. Fecha: Miércoles, 15 de febrero de 2017. Horario: De 17:00 a 20:00 h. (16:45h Recepción de asistentes). Canotte Chicago Bulls Lugar: Hotel Bahía. Avd. Alfonso XII, 6 – Santander.   Colaboran: Colegio de Economistas de Cantabria Colegio de Abogados de Cantabria Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria Gobierno de Cantabria. Dirección General de Economía y Asuntos Europeos. Nike Heren Ponentes: – Ilmo. Sr. D. Asics Onitsuka tiger damskie CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ. Magistrado-Juez Titular del Juzgado Mercantil de CANTABRIA   – Ilmo. Arizona State Sun Devils Prof. Dr. D. JUAN ENRIQUE VARONA ALABERN. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria.   – Sr. D. ADOLFO FERNANDEZ FERNANDEZ. Nike Air Huarache Heren

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Profesor Máster en Dirección de Empresas (MBA), Universidad de Cantabria.   Programa y Boletín de Inscripción: se adjunta a continuación.   Cuotas de inscripción:   – Colegiados en desempleo de los colectivos organizadores/colaboradores………………….. Detroit Pistons 20 € – Colegiados de los colectivos organizadores/colaboradores…………………… 40 € – Otras inscripciones…………………………………. Nike Air Force 1 75 €     *Desempleados, adjuntar fotocopia de la tarjeta de desempleo.   Todas las inscripciones de despachos profesionales, disfrutarán de una bonificación del 25 % a partir de la segunda matrícula.   Inscripción: rellenar el boletín de inscripción que se adjunta y enviar junto con comprobante transferencia bancaria (a Banco Sabadell: 0081-7140-09-0001250433) por correo electrónico a: [email protected] Homologación: Esta jornada está homologada por el REFOR (Registro de Expertos en Economía Forense del Consejo General de Economistas) con 3 horas de formación. Roshe Run Donna Bianche

  Los asistentes interesados en la obtención del certificado acreditativo, deberán firmar la hoja de firmas que se pasará al inicio de la jornada. Nike Air Jordan 1
  Fecha Fin Inscripción: 14-02-2017 (martes).   Contacto: Tfno. 942 21 83 20 (Lorena) Más información: www.empresistascantabria.es   Colegio de Empresistas de Cantabria C/ Jesús de Monasterio nº 10. Clayton Kershaw Authentic Jersey 4º izq.

La deontología profesional como norma que dicta la conducta de los profesionales

Esta proyección de la norma que obliga al sistema a hacer efectiva la obligación y aplicar un régimen disciplinario, adidas zx 850 damskie no es una cuestión fácil, FLYKNIT LUNAR3

pues las previsiones de la norma tienen que tener el encaje técnicamente adecuado para que haya una correspondencia entre la obligación, new balance 420 foot locker su exigencia y las consecuencias de su incumplimiento. Air Max 2017 Donna Nere

En este marco se ha de analizar en profundidad el ámbito de la tipicidad de la norma deontológica y su traslado al régimen de faltas y sanciones para que sea efectivo, NIKE AIR ZOOM PEGASUS 34 y se produzca la garantía institucional que la Constitución atribuye a los colegios profesionales.

Eficiencia vs innovación

O sea, en la práctica, para todos.

IX JORNADA NACIONAL CONCURSAL “LA INSOLVENCIA DE LOS CONSUMIDORES. SEGUNDA OPORTUNIDAD”

CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ.

Los “Scrip Dividends” como fórmula alternativa al dividendo tradicional. Aspectos contables y régimen jurídico-tributario

  1. Recuérdense, por ejemplo, las múltiples referencias que realiza el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario (“Informe Lagares”) a la necesidad de evitar el sesgo empresarial al endeudamiento o, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, las recientes limitaciones legales a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros inicialmente introducidas en el artículo 21 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y que actualmente se encuentran reguladas en el artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.   2.

Proyecto sobre Distribución Urbana de Mercancías para el centro urbano de Santander

Proyecto sobre Distribución Urbana de Mercancías para el centro urbano de Santander

Lunes, potencialidad,

Diferencias entre el alzamiento de bienes y la salida fraudulenta en sede de calificación concursal. Jurisprudencia reciente.

Alzamiento de bienes   Jordi Albiol Plans .Economista y Licenciado en Derecho. Director Área Concursal ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P. Cristian Valcárcel Bernal. Licenciado en Dercho. Asociado ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P.   Tras más de 11 años de vigencia de la Ley Concursal (LC), y pese a las constantes reformas que nos acechan desde el ejercicio 2012, parece que se ha alcanzado cierta unanimidad entre todos los operadores jurídicos al considerar que el concurso de acreedores debe ser calificado como culpable cuando el deudor persona física o los administradores de hecho o de derecho, liquidadores y apoderados generales de la deudora persona jurídica, haya generado o agravado el estado de insolvencia con dolo o culpa grave. Junto a este mecanismo causal, la ley establece presunciones de dolo o culpa grave, que admiten prueba en contrario, y de culpabilidad del concurso, que no admiten prueba en contrario. El Tribunal Supremo ya ha declarado la forma en que operan las presunciones (Sentencias de fechas 17 de noviembre de 2011, 21 de marzo y 20 de junio de 2012, entre otras), concluyendo (i) que el artículo 164.1 LC se refiere a la culpabilidad del concurso por razón de la causación o agravación de la insolvencia, exigiendo la prueba del elemento subjetivo y de las consecuencias de la conducta y (ii) que, en su apartado segundo, se prevén seis motivos objetivos que, necesariamente (iure et de iure) conllevan a la culpabilidad; se trata de presunciones absolutas. En el presente artículo nos centraremos en dos de estas presunciones absolutas, los supuestos previstos en el artículo 164.2.4º y 5º LC, en concreto, “cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación” y “cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos”. En el día a día de nuestros Juzgados Mercantiles, suele ser frecuente que se confunda una figura con la otra en los informes de calificación que emiten las administraciones concursales, e incluso que resoluciones dictadas por diferentes Juzgados incluyan la misma conducta alternativamente en el apartado 4º y 5º del referido artículo 164 LC, esto es, condenando un mismo hecho como alzamiento de bienes o como salida fraudulenta. Paradigmático –y desgraciadamente habitual- resulta, sin duda, el caso del desvío de clientes o de facturación a sociedad vinculada. En primer lugar, cabe partir del límite temporal que presenta, a diferencia del alzamiento de bienes, la salida fraudulenta de bienes y derechos. Tal y como ocurre para los actos susceptibles de reintegración perjudiciales para la masa activa (artículo 71 LC), el legislador ha optado por requerir que la salida fraudulenta de bienes y derechos del deudor haya tenido lugar dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Se trata de la única previsión en dicho sentido que encontramos en las presunciones de culpabilidad recogidas en los artículos 164 y 165 LC. En consecuencia, por coherencia con el tenor literal del artículo 164.2.5º LC, parece confortable concluir y abogar, en aras a la seguridad jurídica, porque no se aleguen, en sede de calificación, aquellos hechos susceptibles de constituir salida fraudulenta de bienes o derechos que hayan acaecido más allá de los dos años anteriores a la fecha concreta de declaración de concurso. Respecto al alzamiento de bienes previsto en el artículo 164.2.4º LC, debemos enfatizar que, en todo caso, resulta relevante la existencia del convencimiento de que al deudor no le quedarán bienes con los que satisfacer a sus acreedores. Asimismo, debe tratarse de conductas que retrasen, dificulten o impidan la eficacia de un embargo. Se trata de castigar la ocultación de los bienes del deudor frente a sus acreedores, ya sea en el curso de una ejecución o con anterioridad a él. El requisito determinante de la aplicación de este precepto es la existencia de un perjuicio ocasionado a los acreedores, que se produce cuando la actuación del deudor ha imposibilitado, o simplemente ha dificultado, el embargo de sus bienes. Es decir, constituye un presupuesto objetivo que no guarda relación con la intención del deudor. La salida de bienes a la que atiende la norma concursal no exige la prueba de la intención fraudulenta, basta con la cognoscibilidad de que el hecho en cuestión es susceptible de causar un perjuicio a los acreedores, a diferencia del delito de alzamiento de bienes tipificado en el artículo 257, por lo que, por regla general, cabrá alegar como alzamiento de bienes todos los casos de liquidación apresurada o ruinosa de bienes. Algunas de las resoluciones más recientes al respecto las encontramos en las Audiencias Provinciales. Así por ejemplo, la Audiencia Provincial de Lleida, mediante Sentencia de fecha 7 de mayo de 2015, concreta que el elemento de fraude que contiene el artículo 164.2.4º “ha de relacionarse con el exigido en el artículo 1291.3 del Código Civil”[1], para concluir que la aplicación de un IVA generado en cierta operación de venta con subrogación de hipoteca, que en lugar de ser ingresado a favor de la AEAT se destina a cubrir otras deudas pendientes por parte de sociedades vinculadas con entidades bancarias, resulta perjudicial para los acreedores en tanto que supone ya no sólo la desaparición de bienes, que además van a parar a disminuir el pasivo de terceros que no han intervenido en la operación, sino que resulta perjudicial porque, sobre todo, supone la aparición de un nuevo crédito (50% privilegiado a favor de la AEAT) por importe de más de 2 millones de euros y que antes de la operación no existía. Asimismo, la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia de fecha 9 de julio de 2015, en un supuesto controvertido de desviación de facturación, sostiene que lo determinante es la concreta imputación que pueda hacerse a la concursada y a sus administradores de haber estado desviando la facturación a otra sociedad, con el objetivo de vaciar su patrimonio dejando en ella exclusivamente las deudas generadas por la actividad. Otro ejemplo a tomar en consideración es el de la siempre recurrida Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 20 de marzo de 2014, en virtud de la cual se pone de manifiesto que parte de la actividad de la concursada, una vez declarada en situación legal de concurso de acreedores, se deriva a otra compañía aprovechándose de todos los activos de la primera, detectándose la salida de unas 55.000 cajas sin ingresarse cantidad alguna en la cuenta corriente intervenida. La realización de facturas de abono sin que la mercancía fuera devuelta y la facturación simultánea realizada por la tercera sociedad, determinó la culpabilidad por alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores y la complicidad de la referida tercera sociedad. En cuanto a la salida fraudulenta de bienes, la jurisprudencia, al interpretar el precepto, ha evolucionado hasta considerar, tal y como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de abril de 2015, “que para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un “animus docendi”, propósito de dañar o perjudicar, y sí, únicamente la “scientia fraudis”, esto es, la conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio”, equiparándolo, en este sentido, al requisito que requiere el alzamiento de bienes previsto en el artículo 164.2.4º LC. Así pues, para que concurra el fraude previsto en el artículo 164.2.5º LC, es necesario una simple conciencia de causar daño. La salida fraudulenta que exige el precepto no supone necesariamente un acto consciente y volitivo de querer dañar, sino que basta la conciencia que debía tener de ocasionar un perjuicio a los acreedores. En el caso enjuiciado por el alto Tribunal en fecha 10 de abril de 2015, se confirman las resoluciones del Juzgado Mercantil y de la Audiencia Provincial, condenando como salida fraudulenta de bienes la distribución de dividendos en favor de la sociedad matriz ejecutada pocos meses antes de la declaración concursal, pues resultaba obvio que dicha operación era lesiva para los acreedores y agravaba la situación de insolvencia de la compañía. Otro supuesto analizado recientemente por el Tribunal Supremo ha sido el de la Sentencia de fecha 18 de marzo de 2015, en virtud del cual se enjuicia la compra de un bien inmueble por importe superior al de tasación, vinculada a la devolución parcial, pero anticipada, de ciertos préstamos recibidos por compañía vinculada. En este caso, se confirmaron los criterios de la Audiencia Provincial, la cual sostenía que se trataba de una salida fraudulenta de bienes, pues el precio de compra del inmueble era perjudicial para los acreedores, se pagaba en su integridad cuando no había ninguna necesidad de hacerlo y se trataba de una conducta impropia de un administrador que debe velar por los intereses de la sociedad. Como conclusión, sin perjuicio de los rasgos característicos y/o requisitos de ambas presunciones, de lo caprichosa y variopinta que es la práctica en cuanto a supuestos de hecho se refiere, y de lo cercano que en muchas ocasiones se encuentra el alzamiento de bienes de la salida fraudulenta, cabe tener siempre presente que la carga de la prueba del fraude a los acreedores corresponde a quien lo alega –las administraciones concursales-, y que asiduamente resultará harto difícil conseguir la prueba directa, por lo que se deberá acudir a la vía indirecta, acreditando, en todo caso, que los hechos susceptibles de calificación culpable se realizaron con pleno conocimiento de que se cercenaban, en todo o en parte, las legítimas expectativas de los acreedores de satisfacer sus créditos. [1] Art. 1291.3 Cc: “Son rescindibles: (…) 3. Los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.

Motivación e implicación de los equipos de trabajo de los despachos profesionales

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