[email protected]

Bienvenidos al blog del Colegio de Empresistas de Cantabria. Desde este espacio pretendemos proporcionar una nueva ventana de información práctica a nuestros colegiados y, sobre todo, generar una red de comunicación directa con todos vosotros, con contenidos de actualidad y datos importantes para nuestro sector, al mimo tiempo que abriendo un nuevo canal en el que podáis dar salida a vuestras dudas y compartir aspectos de interés de nuestra profesión.

JORNADA SOBRE COMPLIANCE (Cumplimiento Normativo) Nuevo marco de actuación para los asesores de empresa

Organiza: Colegio de Empresistas de Cantabria.

 

Fecha: Miércoles, 1 de marzo de 2017.

 

Horario: De 9:45 a 14:00 h. (9:30h Recepción de asistentes).

 

Lugar: Cámara de Comercio

Plaza Velarde – Santander.

 

Ponentes:

– Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Barcelona. Consultor de Molins-Silva Abogados.

 

– Prof. Dra. Silvina Bacigalupo Sagesse. Catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Of Counsel de 25 Abogados&Economistas

 

Introducción:

“El compliance” o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. Dentro del marco normativo no han de considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que también deberían incluirse en el mismo las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética, y en consecuencia objeto de responsabilidad.

 

Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el 1 de julio de 2015, las organizaciones empresariales se ven en la obligación de establecer sistemas de gestión de cumplimiento normativo.  Nuestro ordenamiento introduce  la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta por sus representantes legales y administradores,  pero también, por quienes estando sometidos a su autoridad hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Con esta reforma una empresa no sólo debía enfrentarse a las sanciones, generalmente de gran importancia económica, que las distintas regulaciones sectoriales establecen, sino que también debía enfrentarse a la responsabilidad por un delito.

 

Recientemente se introdujo una modificación al respecto de esta responsabilidad penal, en virtud de la cual la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad cuando haya adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; la supervisión de esas medidas quede encomendada a un órgano interno con una cierta autonomía.

 

Esta reforma es clave para el sector del compliance, pues se convierte en algo prácticamente obligatorio para poder eludir la responsabilidad penal que pudiera producirse. Y no es extraña la introducción de esta reforma, pues en muchos casos la comisión del delito escapa de la posibilidad de control del representante de la empresa, especialmente en entidades de gran tamaño, por lo que es acertado que el juez pueda valorar que se tomaron unas medidas diligentes para evitarlo y, de esa forma, exonerar la responsabilidad.  Lo que Contribuye, en definitiva, a aumentar la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, potenciará que las empresas adopten sistemas de control que se extenderán a otros ámbitos de riesgo además del penal.

 

Este curso tiene la finalidad de proporcionar a los asistentes los conocimientos clave para establecer los fundamentos de un sistema eficaz de gestión de Compliance, a la medida de sus organizaciones, que funcione como herramienta para asegurar el cumplimiento legal. Abordando en profundidad desde un enfoque teórico y práctico el significado de Compliance y las responsabilidades asociadas para la empresa, la organización y los recursos necesarios para establecer un sistema eficaz, para la implantación de un sistema de Compliance.

( Sánchez y  Sánchez)

Colaboran:

– Colegio de Economistas de Cantabria

– Colegio de Abogados de Cantabria

– Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria

– Gobierno de Cantabria. Dirección General de Economía y Asuntos Europeos.

 

Programa y Boletín de Inscripción: se adjunta a continuación.

 

Cuotas de inscripción:

Colegiados en desempleo de los colectivos organizadores/colaboradores……………………. 20 €

Colegiados de los colectivos organizadores/colaboradores………………………………………. 45 €

Otras inscripciones………………………………………………………………………………………… 80 €

 

 

*Desempleados, adjuntar fotocopia de la tarjeta de desempleo.

 

Todas las inscripciones de despachos profesionales, disfrutarán de una bonificación del 25 % a partir de la segunda matricula.

 

Inscripción: rellenar el boletín de inscripción que se adjunta y enviar junto con comprobante transferencia bancaria (a Banco Sabadell: ES40-0081-7140-0900-0125-0433) por correo electrónico a: [email protected]

 

Fecha Fin Inscripción: 27-02-2017 (lunes).

 

PLAZAS LIMITADAS

 

 

Contacto: Tfno. 942 21 83 20 (Lorena)

 

Más información:

www.empresistascantabria.es

 

Colegio de Empresistas de Cantabria

C/ Jesús de Monasterio nº 10. 4º izq. 39010-SANTANDER

Teléfono  942 218320 / Fax 942 240623

[email protected]

 

 

Descarga de archivos

Programa (PDF 0,42 Mb).

Boletín de Inscripción (PDF 0,33 Mb).

Conferencia coloquio: SENTENCIA DEL TJUE SOBRE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LAS CLAUSULAS SUELO Y COMO AFECTAN A LOS CONSUMIDORES

Conferencia coloquio: SENTENCIA DEL TJUE SOBRE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LAS CLAUSULAS SUELO Y COMO AFECTAN A LOS CONSUMIDORES

 

Fecha: 15-02-2017

Fecha Inicio Inscripción:
07-02-2017

Fecha Fin Inscripción:
14-02-2017

Organiza: Colegio de Empresistas de Cantabria.

Fecha: Miércoles, 15 de febrero de 2017.

Horario: De 17:00 a 20:00 h. (16:45h Recepción de asistentes).

Lugar: Hotel Bahía.

Avd. Alfonso XII, 6 – Santander.

 

Colaboran:

Colegio de Economistas de Cantabria

Colegio de Abogados de Cantabria

Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria

Gobierno de Cantabria. Dirección General de Economía y Asuntos Europeos.

 

Ponentes:

– Ilmo. Sr. D. CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ. Magistrado-Juez Titular del Juzgado Mercantil de CANTABRIA

 

– Ilmo. Prof. Dr. D. JUAN ENRIQUE VARONA ALABERN. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria.

 

– Sr. D. ADOLFO FERNANDEZ FERNANDEZ. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Profesor Máster en Dirección de Empresas (MBA), Universidad de Cantabria.

 

Programa y Boletín de Inscripción: se adjunta a continuación.

 

Cuotas de inscripción:

 

– Colegiados en desempleo de los colectivos organizadores/colaboradores………………….. 20 €

– Colegiados de los colectivos organizadores/colaboradores…………………… 40 €

– Otras inscripciones…………………………………. 75 €

 

 

*Desempleados, adjuntar fotocopia de la tarjeta de desempleo.

 

Todas las inscripciones de despachos profesionales, disfrutarán de una bonificación del 25 % a partir de la segunda matrícula.

 

Inscripción: rellenar el boletín de inscripción que se adjunta y enviar junto con comprobante transferencia bancaria (a Banco Sabadell: 0081-7140-09-0001250433) por correo electrónico a: [email protected]

 

Homologación:

Esta jornada está homologada por el REFOR (Registro de Expertos en Economía Forense del Consejo General de Economistas) con 3 horas de formación.

 

Los asistentes interesados en la obtención del certificado acreditativo, deberán firmar la hoja de firmas que se pasará al inicio de la jornada.

 

Fecha Fin Inscripción: 14-02-2017 (martes).

 

Contacto: Tfno. 942 21 83 20 (Lorena)

 

Más información:

www.empresistascantabria.es

 

Colegio de Empresistas de Cantabria

C/ Jesús de Monasterio nº 10. 4º izq. 39010-SANTANDER

Teléfono  942 218320 / Fax 942 240623

[email protected]

Programa y boletín inscripción:

http://www.empresistascantabria.es/agenda/ampliar.php?Id_contenido=2598

 

NOVEDADES FISCALES PARA LOS PROFESIONALES EN 2017

A pesar de que la reforma fiscal va quedando atrás, los cambios que vienen de la mano de las modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, el endurecimiento en el aplazamiento de deudas y la obligación de relacionarse vía electrónica con todas las administraciones públicas, incluida la Agencia Tributaria, son algunas de las principales novedades en materia fiscal del nuevo ejercicio.

Las principales modificaciones tributarias, aparte de las que se produzcan por la utilización de su capacidad normativa por las Comunidades Autónomas, provienen del Real Decreto-ley 2/2016 -en lo referente a pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades- y, fundamentalmente, del Real Decreto-ley 3/2016 publicados a finales de 2016.

Las principales novedades, aplicables para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2017, salvo que especifiquemos lo contrario, son las siguientes:

Impuesto sobre Sociedades

  • Compensación de bases imponibles negativas: con efectos desde ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 el límite a la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores será el 70% de la base imponible previa a la reducción de la reserva de capitalización, teniendo siempre la posibilidad de compensar hasta 1 millón de euros. Sin embargo, para entidades con importe neto de la cifra de negocios en el año anterior de al menos 20 millones, el límite será el 50% de la base imponible previa y, si dicho importe neto de la cifra de negocios alcanza los 60 millones o más, el límite será solo el 25% de dicha cantidad, aunque, como mínimo, también estas grandes empresas podrán compensar hasta 1 millón de euros.
  • Deducciones por doble imposición: con efectos para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016 se limita al 50% de la cuota íntegra el montante anual de deducciones por doble imposición que se pueden restar de la misma, y en dicho límite se engloban las deducciones por doble imposición interna o internacional del ejercicio o los saldos de dichas deducciones pendientes de compensar que provengan de ejercicios anteriores.
  • Pérdidas por deterioro de valores que fueron deducidas en ejercicios iniciados antes de 1 de enero de 2013: con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 se obliga a integrar en la base imponible dichas pérdidas por deterioro que fueron deducidas en su día, al menos por quintas partes en el primer ejercicio iniciado en 2016 y en los cuatro siguientes. La reversión podría ser mayor si el incremento de los fondos propios de la participada lo fuera o si se produjera la transmisión de la participación.
  • Pérdidas producidas en la transmisión de participaciones: no serán deducibles estas pérdidas si proceden de valores de los que se tenga una participación significativa que otorgue el derecho a la exención de las rentas positivas que de ellos provengan -por tener una participación significativa en la participada del 5% o un valor de adquisición mínimo de 20 millones de euros- y tampoco cuando no se tenga una participación mínima en una filial no residente si en el país donde radica no se aplica un impuesto con tipo nominal mínimo del 10%.
  • Exención de dividendos o de las plusvalías obtenidas en la transmisión de participaciones en una entidad no residente: no se puede aplicar si radica en un país o territorio calificado como paraíso fiscal, salvo que pertenezca a la Unión Europea y el contribuyente acredite motivos económicos válidos y realización de actividad económica.
  • Pérdidas por transmisión de establecimientos permanentes en el extranjero: se prohíbe la integración en base de las mismas.
  • Rentas negativas generadas por la valoración a valor razonable de la cartera de negociación: no será posible deducirlas, excepto en el importe correspondiente a rentas positivas integradas anteriormente por aplicación del valor razonable.
  • Inmovilizado intangible respecto del que no puede estimarse su vida útil: desde ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, estos activos se habrán de amortizar contablemente, como mínimo al 10% anual, si bien el gasto fiscal deducible será del 5%. Hasta ese ejercicio estos inmovilizados se denominaban de vida útil indefinida y no se amortizaban, si bien se permitía un gasto fiscal por ellos del 5% hasta 2011, 2% de 2012 a 2015 en general y 1% para fondos de comercio en esos ejercicios -esos porcentajes reducidos no fueron aplicables a empresarios o profesionales personas físicas-. También habrá que tener en cuenta la posibilidad de acelerar amortizaciones para empresas de reducida dimensión.
  • Pagos fraccionados: los pagos a cuenta se mantendrán como hasta ahora para el sistema de cuota y también para entidades que apliquen el sistema de base pero en el año anterior facturaron menos de 10 de millones de euros. A partir del pago fraccionado de octubre de 2016, para entidades con importe neto de la cifra de negocios en el año anterior superior a dicho importe, el porcentaje de la base a ingresar a cuenta será del 24%, estableciéndose un ingreso mínimo del 23% del resultado contable positivo.

Obligación de relacionarse por vía electrónica con todas las administraciones públicas

Desde el pasado 2 de octubre, por aplicación de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los profesionales que precisan colegiación obligatoria para ejercer, así como las entidades sin personalidad jurídica como comunidades de bienes o herencias yacentes, deberán relacionarse por vía electrónica, exclusivamente, con todas las administraciones públicas cuando realicen trámites y actuaciones. Ello atañe a las relaciones tanto con la AEAT como al resto de Administraciones tributarias -Autonómicas o Locales-.

Afecta también a las notificaciones electrónicas. Se considera que se ha producido una notificación si el profesional-contribuyente no accede a su dirección la sede electrónica diez días después de ponerse a su disposición. Para acceder a la dirección electrónica es necesario tener certificado electrónico.

Otras modificaciones

  • Impuesto sobre el Patrimonio: se prorroga a 2017
  • Aplazamientos y fraccionamientos: se suprime la posibilidad de aplazar las siguientes deudas -si bien se han anunciado excepciones para pymes y autónomos sin concretar-:
    • Respecto a las deudas del retenedor, se suprime la excepción prevista con anterioridad para el caso de que careciera de bienes que ofrecer en garantía y que la ejecución de su patrimonio pudiera tener efectos en el mantenimiento de la capacidad productiva o el empleo de esa actividad económica o pudiera producir graves quebrantos a la Hacienda Pública.
    • Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias suspendidas previamente durante los recursos o reclamaciones.
    • Las derivadas de tributos repercutidos, como el IVA, excepto prueba de que las cuotas no fueron pagadas.
    • Las derivadas de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

 

  • Suministro inmediato de información:

 

A partir del 1 de julio de 2017, los sujetos pasivos de IVA con volumen de operaciones en el año natural anterior superior a 6.010.121,04 euros, las entidades en régimen de grupo y los sujetos pasivos que apliquen el sistema de devolución mensual, más los sujetos pasivos que quieran adherirse voluntariamente al sistema, remitirán electrónicamente una serie de datos relativos a la facturación recibida y emitida.

 

Los plazos son muy cortos, en general de 4 días para datos de facturas emitidas y recibidas, aunque en 2017, de manera excepcional, el plazo será de 8 días.

 

Estos contribuyentes presentarán mensualmente las autoliquidaciones del IVA, se les amplía el plazo para ello hasta el día 30 del mes siguiente, se les libera de presentar 347, 340 y 390 y los libros registro se cumplimentarán en la sede electrónica con los datos por ellos suministrados.

 

REAF- REGAF

Asesores Fiscales

 

IX JORNADA NACIONAL CONCURSAL “LA INSOLVENCIA DE LOS CONSUMIDORES. SEGUNDA OPORTUNIDAD”

ley-de-segunda-oportunidad-664x332IX JORNADA NACIONAL CONCURSAL

“LA INSOLVENCIA DE LOS CONSUMIDORES. SEGUNDA OPORTUNIDAD”
Organiza: Colegio de Empresistas de Cantabria.
Fecha: Lunes 28 de noviembre de 2016.
Horario: De 16:00 a 20:45 h. (15:45h Recepción de asistentes).
Lugar: Hotel Bahia.
Avd. Alfonso XII, 6 – Santander.
LA INSOLVENCIA DE LOS CONSUMIDORES. SEGUNDA OPORTUNIDAD

Transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor del mecanismo de la segunda oportunidad, aunque el régimen regulatorio quedó establecido en virtud de la Ley 25/2015, de 28 de Julio, el balance que podemos hacer a día de hoy es poco alentador.

No obstante y en un futuro inmediato, queremos destacar el acuerdo de gobierno al que han llegado Ciudadanos y el PP que se hizo público el día 28 de Agosto pasado, donde los primeros exigían, entre otras cosas, revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho al objeto de facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento, permitir que las deudas con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social puedan ser objeto de negociación en sede de acuerdo extrajudicial de pagos, además de ser exoneradas en su totalidad, eliminar el actual período provisional de cinco años una vez conseguida la exoneración, o flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a continuar en su casa durante el período de tres años abonando una renta que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor, tal vez se haga realidad ahora que ya existe Gobierno, para que también encuentren cabida los empresarios individuales y todos aquellos pasivos de cualquier clase, pues de ello dependerá la llegada o no del esperado y necesario efecto llamada para que muchos particulares puedan gozar de una auténtica segunda oportunidad.

Para que todos los operadores tengan el mayor conocimiento posible sobre la regulación actual, que sin ser perfecta, resulta un instrumento útil para miles de deudores personas físicas, principalmente para avalistas de operaciones bancarias que no presenten pasivo con organismos públicos, es por lo que hemos organizado la presente Jornada.

             

 

Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria

IX JORNADA NACIONAL CONCURSAL

“LA INSOLVENCIA DE LOS CONSUMIDORES. SEGUNDA OPORTUNIDAD”

Organiza: Colegio de Empresistas de Cantabria.
Fecha: Lunes 28 de noviembre de 2016.
Horario: De 16:00 a 20:45 h. (15:45h Recepción de asistentes).
Lugar: Hotel Bahia.
Avd. Alfonso XII, 6 – Santander.
Colaboran:
Colegio de Economistas de Cantabria
Colegio de Abogados de Cantabria
Gobierno de Cantabria. Dirección General de Economía y Asuntos Europeos.

 

PROGRAMA

 16,00 a 17,30 h.

 EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS:

  • Solicitud
  • Tramitación
  • Conclusión

Ponente: Ilmo. Sr. D. F. JAVIER VAQUER MARTIN. Magistrado-Juez Titular del Juzgado Mercantil nº 6 de MADRID

 17,30 a 19,00 h.

EL CONCURSO CONSECUTIVO:

  • Solicitud y declaración
  • Tramitación
  • Finalización
  • Concurso exprés

Ponente: Ilma. Sra. Dª TERESA VAZQUEZ PIZARRO. Magistrada-Juez Titular del Juzgado nº 9 de MADRID.

 19, 00 a 19,15     PAUSA

 19,15 A 20,45 H.

LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO Y EL BENEFICIO DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD:

  • Trámite
  • El deudor de buena fe
  • Supuestos de exoneración
  • Exoneración provisional y definitiva
  • Revocación del beneficio de segunda oportunidad

Ponente: Ilmo. Sr. D. CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ. Magistrado-Juez Titular del Juzgado Mercantil nº 1 de SANTANDER

Homologado por:

 REFOR , Expertos en Economía Forense / Consejo General de Economistas

 

SABER RECURRIR CON GARANTIA DE EXITO DESPUES DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

justicia-administrativaOrganiza: Colegio de Empresistas de Cantabria.

Fecha: Martes 25 de octubre de 2016 y jueves 17 noviembre 2016.

Horario: 8 horas. De 16:00 a 20:00 h, los dos días.

Lugar: Hotel Bahía. Avd. Alfonso XII, 6 – Santander.

 

Colabora:

Gobierno de Cantabria. Dirección General de Economía y Asuntos Europeos.

 

Ponente: José Antonio Marco Sanjuan: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Licenciado en Derecho. Inspector de Hacienda. Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León.

 

Introducción:

El seminario tiene como objetivo que el profesional asistente domine, controle e interiorice las cuestiones esenciales en la pelea contra la Administración Tributaria en aspectos controvertidos que pueden ser objeto de recurso o de reclamación.

 

Las jornadas se desarrollarán en dos días diferentes intentando enseñar, apoyándose en la experiencia práctica del ponente, y de resolver todas las cuestiones que surjan en la formación específica, que pretende ser atractiva, dinámica y muy enriquecedora para los asistentes.

 

El objetivo es único. El profesional que asista a estas jornadas deberá tener al acabar los dos días una mejora específica en sus conocimientos tributarios, en su forma de plantearse un recurso, en su forma de plantear la controversia en la revisión, en el tratamiento de la prueba, en la revisión de las ejecuciones que le notifiquen. Queremos cambiarle un poco su percepción del asesoramiento fiscal, haciendo que se enamore un poco más, permítasenos la expresión, de su trabajo.

 

El primer día se trataran los aspectos esenciales de la prescripción, con los recientes cambios normativos que pueden atentar contra la seguridad jurídica, los recargos, con el análisis de los posibles recursos contra ellos, las notificaciones y los distintos procedimientos, deteniéndonos en los aspectos que triunfan en los tribunales y que pueden generar aspectos muy controvertidos.

Veremos en esta parte las diferencias entre los procedimientos de Gestión e Inspección y nos pararemos en los requisitos esenciales que deben ser conocidos a la hora de plantear defectos existentes en los procedimientos en los que puede incurrir la Administración, que los tribunales ya han calificado de forma reiterada.

Nos detendremos en el análisis de la caducidad y en las sanciones.

Hablaremos de las notificaciones y de los cambios introducidos en la nueva ley 39/2015, de reciente entrada en vigor, del cómputo de plazos, de la notificación por medios electrónicos y del silencio administrativo.

Estudiaremos las suspensiones y las peculiaridades que tienen cuando a  veces son utilizadas por los reclamantes de cara a paralizar o retrasar los procedimientos. Trataremos el error de hecho o aritmético y su puesta en escena.

Finalizaremos este primer día con una referencia a la interposición de reclamaciones económicas administrativas y matizaremos en relación con la duda frecuente de si debe o no interponerse, en determinados casos concretos, el recurso potestativo de reposición.

 

El segundo día empezaremos hablando de la prueba, de los distintos momentos en los que puede aparecer y de los cambios que en materia de prueba introdujo la ley 34/2015, de 21 de Septiembre.

Haremos comentarios sobre la carga de la prueba y sobre el principio de presunción de inocencia. Hablaremos de la prueba en las sanciones y de la necesaria motivación.

Veremos las consecuencias de los procedimientos caducados y nos detendremos en la interrupción o no interrupción de la prescripción.

Estudiaremos las posibilidades de controlar bases imponibles negativas de ejercicios donde ha prescrito el derecho a liquidar.

Veremos la situación actual de las personas que intentan regularizar la situación de los bienes en el extranjero y hablaremos de los problemas que en este campo generan las herencias.

Estudiaremos el recurso de anulación y el recurso contra la ejecución, con las importantes novedades que introduce este último.

Deberemos reflexionar sobre la potestad de comprobar e investigar que tienen la inspección de forma ilimitada y de las obligaciones tributarias conexas.

No nos olvidaremos de la ejecución de las resoluciones, de las tesis del Tribunal Supremo, de la importancia de la naturaleza del defecto que encuentre el tribunal, de las consecuencias de la retroacción.

Por último, nos detendremos en la situación actual del “doble Tiro”, en sus consecuencias, en la duración que deben tener las ejecuciones, en la imposibilidad de reiniciar en algunos casos procedimientos sancionadores y en el cálculo de los intereses de demora cuando se ha redactado un nuevo artículo en la ley General Tributaria en contra de las tesis del tribunal supremo.

 

En definitiva, intentaremos ofrecerles una formación completa y de calidad en materia de recursos y reclamaciones contra la Administración Tributaria de una forma amena y practica, enriquecida con sus preguntas, con sus sugerencias. Y avalada con la experiencia y formación reconocidas del excelente ponente. Intentaremos acercarles de forma eficaz las claves de estos procedimientos imprescindibles en la práctica de  nuestro derecho tributario.

 

Utilizaremos en la exposición un power point sobre el que plantearemos toda la polémica existente en la actualidad

 

Programa y Boletín de Inscripción: se adjunta a continuación.

 

Cuotas de inscripción:

Colegiados en desempleo de los colectivos organizadores/colaboradores.. 20 €

Colegiados de los colectivos organizadores/colaboradores……………………….. 80 €

Otras inscripciones…………………………………………………………………………………… 130 €

*Desempleados, adjuntar fotocopia de la tarjeta de desempleo.

Todas las inscripciones de despachos profesionales, disfrutarán de una bonificación del 25 % a partir de la segunda matricula.

Inscripción: rellenar el boletín de inscripción que se adjunta y enviar junto con comprobante transferencia bancaria (a Banco Sabadell: 0081-7140-09-0001250433) por correo electrónico a: [email protected]

 

Fecha Fin Inscripción: 24-10-2016.

 

Contacto: Tfno. 942 21 83 20 (Pilar)

 

Más información:

www.empresistascantabria.es

Colegio de Empresistas de Cantabria

C/ Jesús de Monasterio nº 10. 4º izq. 39010-SANTANDER

Teléfono  942 218320 / Fax 942 240623

[email protected]

 

Descarga de archivos

 

Programa (PDF 0,04 Mb).

Bolet�de InscripciPDF 0,33 Mb).

 

Diferencias entre el alzamiento de bienes y la salida fraudulenta en sede de calificación concursal. Jurisprudencia reciente.

Alzamiento de bienes

 

Jordi Albiol Plans .Economista y Licenciado en Derecho. Director Área Concursal ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P.

Cristian Valcárcel Bernal. Licenciado en Dercho. Asociado ROUSAUD COSTAS DURAN, S.L.P.

 

Tras más de 11 años de vigencia de la Ley Concursal (LC), y pese a las constantes reformas que nos acechan desde el ejercicio 2012, parece que se ha alcanzado cierta unanimidad entre todos los operadores jurídicos al considerar que el concurso de acreedores debe ser calificado como culpable cuando el deudor persona física o los administradores de hecho o de derecho, liquidadores y apoderados generales de la deudora persona jurídica, haya generado o agravado el estado de insolvencia con dolo o culpa grave.

Junto a este mecanismo causal, la ley establece presunciones de dolo o culpa grave, que admiten prueba en contrario, y de culpabilidad del concurso, que no admiten prueba en contrario.

El Tribunal Supremo ya ha declarado la forma en que operan las presunciones (Sentencias de fechas 17 de noviembre de 2011, 21 de marzo y 20 de junio de 2012, entre otras), concluyendo (i) que el artículo 164.1 LC se refiere a la culpabilidad del concurso por razón de la causación o agravación de la insolvencia, exigiendo la prueba del elemento subjetivo y de las consecuencias de la conducta y (ii) que, en su apartado segundo, se prevén seis motivos objetivos que, necesariamente (iure et de iure) conllevan a la culpabilidad; se trata de presunciones absolutas.

En el presente artículo nos centraremos en dos de estas presunciones absolutas, los supuestos previstos en el artículo 164.2.4º y 5º LC, en concreto, “cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación” y “cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos”.

En el día a día de nuestros Juzgados Mercantiles, suele ser frecuente que se confunda una figura con la otra en los informes de calificación que emiten las administraciones concursales, e incluso que resoluciones dictadas por diferentes Juzgados incluyan la misma conducta alternativamente en el apartado 4º y 5º del referido artículo 164 LC, esto es, condenando un mismo hecho como alzamiento de bienes o como salida fraudulenta. Paradigmático –y desgraciadamente habitual- resulta, sin duda, el caso del desvío de clientes o de facturación a sociedad vinculada.

En primer lugar, cabe partir del límite temporal que presenta, a diferencia del alzamiento de bienes, la salida fraudulenta de bienes y derechos. Tal y como ocurre para los actos susceptibles de reintegración perjudiciales para la masa activa (artículo 71 LC), el legislador ha optado por requerir que la salida fraudulenta de bienes y derechos del deudor haya tenido lugar dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Se trata de la única previsión en dicho sentido que encontramos en las presunciones de culpabilidad recogidas en los artículos 164 y 165 LC.

En consecuencia, por coherencia con el tenor literal del artículo 164.2.5º LC, parece confortable concluir y abogar, en aras a la seguridad jurídica, porque no se aleguen, en sede de calificación, aquellos hechos susceptibles de constituir salida fraudulenta de bienes o derechos que hayan acaecido más allá de los dos años anteriores a la fecha concreta de declaración de concurso.

Respecto al alzamiento de bienes previsto en el artículo 164.2.4º LC, debemos enfatizar que, en todo caso, resulta relevante la existencia del convencimiento de que al deudor no le quedarán bienes con los que satisfacer a sus acreedores. Asimismo, debe tratarse de conductas que retrasen, dificulten o impidan la eficacia de un embargo. Se trata de castigar la ocultación de los bienes del deudor frente a sus acreedores, ya sea en el curso de una ejecución o con anterioridad a él.

El requisito determinante de la aplicación de este precepto es la existencia de un perjuicio ocasionado a los acreedores, que se produce cuando la actuación del deudor ha imposibilitado, o simplemente ha dificultado, el embargo de sus bienes. Es decir, constituye un presupuesto objetivo que no guarda relación con la intención del deudor. La salida de bienes a la que atiende la norma concursal no exige la prueba de la intención fraudulenta, basta con la cognoscibilidad de que el hecho en cuestión es susceptible de causar un perjuicio a los acreedores, a diferencia del delito de alzamiento de bienes tipificado en el artículo 257, por lo que, por regla general, cabrá alegar como alzamiento de bienes todos los casos de liquidación apresurada o ruinosa de bienes.

Algunas de las resoluciones más recientes al respecto las encontramos en las Audiencias Provinciales. Así por ejemplo, la Audiencia Provincial de Lleida, mediante Sentencia de fecha 7 de mayo de 2015, concreta que el elemento de fraude que contiene el artículo 164.2.4º “ha de relacionarse con el exigido en el artículo 1291.3 del Código Civil”[1], para concluir que la aplicación de un IVA generado en cierta operación de venta con subrogación de hipoteca, que en lugar de ser ingresado a favor de la AEAT se destina a cubrir otras deudas pendientes por parte de sociedades vinculadas con entidades bancarias, resulta perjudicial para los acreedores en tanto que supone ya no sólo la desaparición de bienes, que además van a parar a disminuir el pasivo de terceros que no han intervenido en la operación, sino que resulta perjudicial porque, sobre todo, supone la aparición de un nuevo crédito (50% privilegiado a favor de la AEAT) por importe de más de 2 millones de euros y que antes de la operación no existía.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia de fecha 9 de julio de 2015, en un supuesto controvertido de desviación de facturación, sostiene que lo determinante es la concreta imputación que pueda hacerse a la concursada y a sus administradores de haber estado desviando la facturación a otra sociedad, con el objetivo de vaciar su patrimonio dejando en ella exclusivamente las deudas generadas por la actividad.

Otro ejemplo a tomar en consideración es el de la siempre recurrida Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 20 de marzo de 2014, en virtud de la cual se pone de manifiesto que parte de la actividad de la concursada, una vez declarada en situación legal de concurso de acreedores, se deriva a otra compañía aprovechándose de todos los activos de la primera, detectándose la salida de unas 55.000 cajas sin ingresarse cantidad alguna en la cuenta corriente intervenida. La realización de facturas de abono sin que la mercancía fuera devuelta y la facturación simultánea realizada por la tercera sociedad, determinó la culpabilidad por alzamiento de bienes en perjuicio de los acreedores y la complicidad de la referida tercera sociedad.

En cuanto a la salida fraudulenta de bienes, la jurisprudencia, al interpretar el precepto, ha evolucionado hasta considerar, tal y como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de abril de 2015, “que para que concurra el elemento de fraude no es preciso la existencia de un “animus docendi”, propósito de dañar o perjudicar, y sí, únicamente la “scientia fraudis”, esto es, la conciencia o conocimiento de que se origina un perjuicio”, equiparándolo, en este sentido, al requisito que requiere el alzamiento de bienes previsto en el artículo 164.2.4º LC.

Así pues, para que concurra el fraude previsto en el artículo 164.2.5º LC, es necesario una simple conciencia de causar daño. La salida fraudulenta que exige el precepto no supone necesariamente un acto consciente y volitivo de querer dañar, sino que basta la conciencia que debía tener de ocasionar un perjuicio a los acreedores.

En el caso enjuiciado por el alto Tribunal en fecha 10 de abril de 2015, se confirman las resoluciones del Juzgado Mercantil y de la Audiencia Provincial, condenando como salida fraudulenta de bienes la distribución de dividendos en favor de la sociedad matriz ejecutada pocos meses antes de la declaración concursal, pues resultaba obvio que dicha operación era lesiva para los acreedores y agravaba la situación de insolvencia de la compañía.

Otro supuesto analizado recientemente por el Tribunal Supremo ha sido el de la Sentencia de fecha 18 de marzo de 2015, en virtud del cual se enjuicia la compra de un bien inmueble por importe superior al de tasación, vinculada a la devolución parcial, pero anticipada, de ciertos préstamos recibidos por compañía vinculada. En este caso, se confirmaron los criterios de la Audiencia Provincial, la cual sostenía que se trataba de una salida fraudulenta de bienes, pues el precio de compra del inmueble era perjudicial para los acreedores, se pagaba en su integridad cuando no había ninguna necesidad de hacerlo y se trataba de una conducta impropia de un administrador que debe velar por los intereses de la sociedad.

Como conclusión, sin perjuicio de los rasgos característicos y/o requisitos de ambas presunciones, de lo caprichosa y variopinta que es la práctica en cuanto a supuestos de hecho se refiere, y de lo cercano que en muchas ocasiones se encuentra el alzamiento de bienes de la salida fraudulenta, cabe tener siempre presente que la carga de la prueba del fraude a los acreedores corresponde a quien lo alega –las administraciones concursales-, y que asiduamente resultará harto difícil conseguir la prueba directa, por lo que se deberá acudir a la vía indirecta, acreditando, en todo caso, que los hechos susceptibles de calificación culpable se realizaron con pleno conocimiento de que se cercenaban, en todo o en parte, las legítimas expectativas de los acreedores de satisfacer sus créditos.

[1] Art. 1291.3 Cc: “Son rescindibles: (…) 3. Los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.

 

Aspectos Prácticos de la Subasta Judicial Electrónica en el Proceso Concursal

martillo-juezJORNADA

Fecha: 30-03-2016
Fecha Inicio Inscripción:
17-03-2016
 Fecha Fin Inscripción:
28-03-2016
Organiza: Colegio de Empresistas de Cantabria
Horario: De 16:00 a 20:45h.
Lugar de Celebración: Hotel Bahía
Avda. Alfonso XIII, nº 6 – Santander 

Ponente: Rafael Huerta Garcia

Secretario Judicial Juzgado Mercantil 7 Barcelona

Colaboran:

Colegio de Economistas de Cantabria

Gobierno de Cantabria. Dirección General de Economía y Asuntos Europeos.

Programa y Boletín de Inscripción: se adjunta a continuación

Cuotas de inscripción:Colegiados en desempleo de los colectivos organizadores/colaboradores.. 15 €

Colegiados de los colectivos organizadores/colaboradores…………………….. 80 €

Otras inscripciones…………………………………………………………………………… 110 €

Todas las inscripciones de despachos profesionales, disfrutarán de una bonificación del 25 % a partir de la segunda matricula.

Homologación:

Este curso está homologado por REFOR (Consejo General de Economistas de Expertos en Economía Forense) con 5 horas de formación.

Inscripción:

Rellenar boletín de inscripción adjunto y enviar junto con comprobante de transferencia bancaria o tarjeta de desempleo por fax o correo electrónico al Colegio de Empresistas de Cantabria ([email protected])

Más información:

www.empresistascantabria.es

Colegio de Empresistas de Cantabria

C/ Jesús de Monasterio nº 10. 4º izq. 39010-SANTANDER

Teléfono  942 218320 / Fax 942 240623

[email protected]

Ponente: Rafael Huerta Garcia
Secretario Judicial Juzgado Mercantil 7 Barcelona
I.
INTRODUCCION: NUEVOS OPERADORES Y LA PROBLEMATICA DE PAGO DE LA TASA.
Duracion 1 hora.
Han finalizado las subastas presenciales y se han introducido unos nuevos
operadores: la Agencia Tributaria y el Portal de Subastas Electrónicas del BOE.
¿Qué Rol juega cada operador?. En este apartado se expondrá qué función
corresponde a cada operador y las ventajas e inconvenientes del nuevo sistema.
En este apartado también se abordará la problemática de la Tasa Judicial y
posibles soluciones a la falta de Tesorería en el Concurso.
Ruegos y preguntas.
II.
ADAPTACION DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN A LA SUBASTA JUDICIAL ELECTRONICA.
Duracion 1 hora.
El Administrador Concursal ha de introducir cambios en su modelo de Plan de
Liquidación. Ya no es válida la mera remis
ión a la LEC, en la fase de subasta del Plan de liquidación. Las normas que rigan la subasta Judicial han de quedar plasmadas en el Plan de Liquidación toda vez que el Auto que lo aprueba es el marco normativo de referencia a aplicar en el Edicto Judicial
.
El postor ha de tener seguridad jurídica y transparencia, en las normas que rigen la subasta judicial y el punto de partida será la confección del Plan de Liquidación acorde con la reforma.
Ejemplo de la adaptación son las Conclusiones aprobadas en fecha 10
febrero de 2016 por los Magistrados y Letrados Judiciales de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, que sirven de orientación al Administrador Concursal, acompañados de un Documento Anexo de formulario de petición de subasta.
Ruegos y preguntas.
Descanso. (15 minutos)
III.
ASPECTOS PRACTICOS DEL PORTAL DE SUBASTAS JUDICIALES BOE A TENER EN CUENTA POR EL ADMINISTRADOR CONCURSAL.
Duración 1 hora.
¿Cómo funciona la aplicación? y ¿ Cúales son los aspectos positivos y negativos del Portal de Subastas Judiciales?. En este apartado conectaremos con el Portal de Subastas Judiciales así como en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones para que el Administrador Concursal pueda valorar el sistemade subastas electrónicas desde el inicio, con el alta de la subasta y su desarrollo en el Portal de subastas del BOE, para que pueda trasladar al Plan de Liquidación, los aspectos más importantes para proceder a la venta de los activos concursales.
En este apartado se accederá por el ponente a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones , gestionado por el Banco Santander y al Portal de Subastas del BOE. Será una sesión práctica y el asistente observará la variedad de posibilidades de alta en el Portal y cómo se proceden a realizar las pujas, su desarrollo y cierre.
Ruegos y preguntas.
IV.
CASOS PRÁCTICOS DE SUBASTAS JUDICIALES DE JUZGADOS MERCANTILES PUBLICADOS EN EL PORTAL DE SUBASTAS JUDICIALES.
Duración 1 hora y 30 minutos.
Por último procederemos a analizar supuestos prácticos de Subastas Judiciales en trámite así como canceladas y concluidas. Examinaremos las variedades de alta , según el territorio de convocatoria de la subasta y lasconsecuencias del alta sin la documentación adecuada.
Ruegos y preguntas.

Los “Scrip Dividends” como fórmula alternativa al dividendo tradicional. Aspectos contables y régimen jurídico-tributario

proximos-dividendos-de-bolsa

 

 

 

José Manuel Ortiz de Juan
Abogado.
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

 

En no pocas ocasiones las empresas y los particulares que mantienen inversiones en valores de renta variable reciben de su habitual entidad financiera información relativa a próximas ampliaciones de capital, información que se suele acompañar del correspondiente boletín de respuesta en el que se solicita del accionista que indique expresamente qué decisión adopta en relación con dichas ampliaciones de capital.

Normalmente, en una ampliación de capital el accionista puede decidir acudir a la ampliación, recibiendo a cambio acciones total o parcialmente liberadas en la proporción entre acciones antiguas y nuevas que se haya acordado por la empresa, o bien transmitir al mercado los derechos de suscripción que le corresponden en la ampliación.

Sin embargo, este planteamiento tradicional y fácil de entender se ha venido a complicar en los últimos años debido a la proliferación de los denominados “scrip dvidends”, una sofisticada fórmula de retribución al accionista cuya comprensión no resulta sencilla para el inversor, pues lejos de ser un tradicional dividendo en efectivo se está en presencia de una operación societaria de ampliación de capital con cargo a beneficios no distribuidos que permite a la empresa trasladar al accionista los beneficios empresariales en forma de acciones liberadas de nueva emisión.

Las múltiples dudas que ha planteado la figura, tanto en el ámbito contable como en el tributario, ha dado lugar a que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Dirección General de Tributos hayan tenido que evacuar doctrina interpretativa al respecto, tratando de resolver las dudas planteadas. En el presente artículo se expone la materia a fin de que tanto las empresas como los inversores conozcan los criterios contables y fiscales que resultan de aplicación.

Aproximación al concepto y justificación

La expresión “scrip dividend” es la adaptación, al campo de los dividendos, de la expresión inglesa “scrip issue”, que puede traducirse como “emisión liberada” o “ampliación de capital liberada”, lo cual es revelador de la verdadera naturaleza de estos particulares dividendos.

Partiendo de lo anterior, y dejando al margen las confusas denominaciones comerciales con se suele identificar en la práctica –“dividendo elección”, “dividendo en especie”, etc.-, podría definirse el scrip dividend como una fórmula de retribución al accionista que jurídicamente se articula como una ampliación de capital con cargo a beneficios no distribuidos en la que la entidad emisora de las nuevas acciones ofrece a sus accionistas tres alternativas:

1ª) No acudir a la ampliación de capital y vender en el mercado los derechos de asignación gratuita que correspondan.

2ª) Acudir a la ampliación y obtener acciones totalmente liberadas, lo que se ha venido a denominar por algunas entidades como la opción por el “dividendo en especie”.

3ª) No vender derechos de asignación gratuita al mercado ni acudir a la ampliación suscribiendo nuevas acciones liberadas, percibiendo a cambio de la renuncia a las opciones anteriores una compensación económica en metálico. Esta tercera alternativa es la que se ha venido a denominar en la práctica como la opción por el “dividendo en efectivo”. Esta tercera alternativa es la más novedosa del sistema y se ejecuta en la práctica mediante una transmisión a la propia entidad emisora de las nuevas acciones de los derechos de asignación gratuita que corresponden al accionista, a un precio predeterminado en el acuerdo de ampliación de capital.

Causas de su desarrollo

La proliferación experimentada en los últimos años por los scrip dividends se debe a las múltiples ventajas que conlleva esta forma de remuneración al accionista, ventajas que cabe apreciar tanto en sede de la empresa como desde la óptica del accionista.

Para la empresa el scrip dividend aporta indudables ventajas, entre las que cabe señalar, como principal, que se consigue trasladar los beneficios al accionista sin desembolso alguno de tesorería, lo cual produce como efecto el mantenimiento de la cifra de recursos propios. Esta primera ventaja es muy apreciada en época de crisis por las empresas, que ven como gracias a esta fórmula pueden mantener su política de retribución al accionista sin perjudicar sus recursos propios, aspecto éste especialmente sensible para entidades sometidas a la supervisión prudencial del Banco de España que les exige mantener determinados niveles de recursos propios de solvencia. Asimismo, la transformación de reservas en capital refuerza la cifra de fondos propios y permite a la empresa mostrar una imagen sólida de balance ante sus acreedores y accionistas, presentes o futuros.

Por otra parte, al capitalizar reservas la empresa intensifica su financiación vía capital, evitando caer en un endeudamiento excesivo, aspecto éste sobre el que la reciente reforma fiscal en el IS ha insistido especialmente.

En último término la empresa fideliza aún más a aquellos de sus accionistas que opten por suscribir la ampliación de capital y adquieran nuevas acciones, asumiendo éstos también un mayor compromiso con la marcha de la empresa.

Desde el punto de vista del accionista, la primera ventaja que ofrece el scrip dividend es la posibilidad de incrementar la participación en la compañía sin necesidad de efectuar desembolso alguno si la opción finalmente escogida consiste en suscribir nuevas acciones en la ampliación de capital (dividendo en especie). Asimismo, como se expone más adelante, el accionista puede acceder a una retribución de su participación en los fondos propios de la empresa con atractivo fiscal en forma de diferimiento tributario si se opta por la venta de los derechos de asignación gratuita al mercado o si se decide suscribir la ampliación de capital adquiriendo nuevas acciones liberadas (dividendo en efectivo).

La magnitud del fenómeno “scrip dividend” ha ido adquiriendo tales niveles que en el año 2012 el Informe de Mercado elaborado por la Bolsa de Madrid incorpora por primera vez una referencia expresa a la cuestión. Así, se indica expresamente que “a lo largo del año doce empresas han distribuido el importe equivalente a 8.216 millones de euros en acciones a través de la fórmula de Scrip Dividend o Dividendo Elección, un 33% de la remuneración total al accionista.” Las principales empresas cotizadas que en 2012 acudieron al scrip dividend fueron entidades de crédito (4), empresas del sector energético (4), farmacéutico (1) construcción (1) y comunicaciones (1).

Los últimos datos publicados por la Bolsa de Madrid, correspondientes al Informe de Mercado del año 2014, muestran un incremento del 40% respecto de las cifras del año 2012, alcanzándose la cifra de 11.487 millones de euros en acciones y una capitalización inducida de 11.514 millones de euros. Un total de 23 empresas cotizadas acudieron a esta figura.

Régimen fiscal

Teniendo en cuenta que son muchísimos los inversores, particulares e institucionales, que han obtenido beneficios a través de la fórmula del scrip dividend, el conocimiento del régimen fiscal asociado a estas fórmulas de remuneración de accionistas resulta de gran interés por un doble motivo: primero, porque permitirá cumplir correctamente con las obligaciones tributarias en el IRPF, IS o IRNR, según corresponda; segundo, porque el adecuado conocimiento del régimen fiscal aplicable a cada una de las tres alternativas que se ofrecen en un scrip dividend servirá de ayuda para que la decisión que adopte el inversor por una u otra se realice con pleno conocimiento de las consecuencias tributarias. En suma, un buen conocimiento del régimen fiscal de estas fórmulas de remuneración permitirá una adecuada planificación fiscal de las carteras de valores de renta variable por parte de aquellos contribuyentes que tengan posiciones diversificadas en estos instrumentos financieros.

La Dirección General de Tributos, en respuesta a varias consultas tributarias vinculantes formuladas por los contribuyentes , ha ido perfilando el régimen fiscal aplicable a cada una de las tres alternativas que se ofrecen al accionista en un scrip dividend en los términos que a continuación se expone.

A) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Opción 1. Venta al mercado de los derechos de asignación gratuita

De conformidad con lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 37.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe obtenido por el contribuyente como consecuencia de la transmisión de los derechos de asignación gratuita que correspondan a los valores cotizados reducirá el valor de adquisición de las acciones de las que los mismos proceden. Y si dicho importe fuera superior al valor de adquisición de las acciones, entonces el exceso tributará como una ganancia patrimonial.

Esta regla determina que el accionista, contribuyente del IRPF, no quedará sometido a tributación en el momento de la venta de los derechos de asignación sino que la tributación quedará diferida al momento posterior en el que se efectúe una transmisión onerosa de los valores. De este modo la capacidad económica que ahora se manifiesta por la venta de los derechos tributará con posterioridad, bajo la forma de ganancia patrimonial (o menor pérdida patrimonial), en la fecha en que se produzca la venta de los valores.

No obstante, debe señalarse que por aplicación de lo establecido por el último párrafo de la disposición final sexta de la Ley 26/2014, de 28 de noviembre, esta regla dejará de resultar de aplicación a partir del 1 de enero de 2017, pues a partir de dicha fecha el importe obtenido ya no reducirá el valor de adquisición de las acciones y tributará en el mismo período impositivo en que se transmitan los derechos, bajo la calificación fiscal de ganancia patrimonial que, además, quedará sometida a la obligación de retención a cuenta. Por tanto, se perderá la actual ventaja del diferimiento fiscal.

Opción 2. Suscripción de la ampliación de capital y adquisición de nuevas acciones liberadas (el llamado “dividendo en especie”)

En relación con esta segunda alternativa, el párrafo cuarto del artículo 37.1.a) de la Ley del IRPF dispone que la adquisición liberada de nuevas acciones no determina tributación en el momento de la entrega. El contribuyente recalculará el coste de adquisición unitario de las acciones, considerando a tal efecto tanto las acciones antiguas como las acciones nuevas que haya recibido.

Como se podrá apreciar, en esta segunda alternativa de nuevo se produce un diferimiento en la tributación de la capacidad económica que se manifiesta en el momento de acudir a la ampliación y recibir las acciones nuevas. Dicha capacidad económica quedará sometida a gravamen en un momento posterior, que será cuando se efectúe una transmisión onerosa de las acciones, tributación que tendrá lugar bajo la forma de una mayor ganancia patrimonial, o bien una menor pérdida patrimonial, debido al efecto de reducción del coste unitario de las acciones.

Opción 3. No vender derechos al mercado ni suscribir nuevas acciones en la ampliación de capital y, a cambio, percibir una compensación económica en efectivo (el llamado “dividendo en efectivo”)

Esta tercera opción, que representa la principal peculiaridad del esquema y sobre cuyo régimen fiscal se han planteado las principales dudas, ha sido analizada por la doctrina de la Dirección General de Tributos (DGT).

Bajo este tercer planteamiento, el accionista percibe una cantidad en efectivo, resultado de la transmisión onerosa de sus derechos de asignación gratuita a la empresa que amplía capital, y a un precio predeterminado en el acuerdo de ampliación. La DGT, a la hora de calificar fiscalmente la renta que obtiene el accionista como consecuencia de la citada transmisión de derechos, parte de la base de una interpretación finalista que asume que el fondo económico subyacente en un scrip dividend es el traslado al accionista del beneficio empresarial, y por ello concluye que la correcta calificación fiscal de la cantidad percibida por la venta de los derechos al emisor ha de ser la de un rendimiento del capital mobiliario derivado de la participación en fondos propios de entidades, en los términos del artículo 25.1 de la Ley del IRPF, en lugar de la de una ganancia patrimonial.

En definitiva, se equipara esta renta a la de un dividendo tradicional dado que, como reza la contestación de la DGT de 4 de octubre de 2010 (V2206-10) “(…) dicha compensación tiene por objeto garantizar a los accionistas de la entidad consultante la percepción de una determinada remuneración con independencia de la valoración en el mercado de los derechos de asignación y de que los derechos adquiridos finalmente se ejerciten o no (…)”.

Ha de señalarse que esta calificación fiscal de la renta como rendimiento del capital mobiliario procede tanto si quien obtiene la compensación es el propio socio que ya tiene cartera de valores preexistente como si es un sujeto que, sin ser socio, ha adquirido previamente derechos en el mercado y con los mismos acude a la ampliación de capital.

Calificada la renta como rendimiento del capital mobiliario, la siguiente consecuencia es su sometimiento a la obligación de retención a cuenta, actualmente al tipo de retención del 19,5%.

B) Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) sin establecimiento permanente

El inversor no residente, particular o empresa, que sin disponer en España de establecimiento permanente perciba rentas en un scrip dividend deberá aplicar los criterios anteriormente expuestos a efectos de calificación fiscal de la renta.

Debe señalarse que el artículo 3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes dispone que el IRNR se interpretará “en consonancia con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades”. Asimismo, el artículo 13.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes dispone expresamente que “para la calificación de los distintos conceptos de renta en función de su procedencia se atenderá a lo dispuesto en este artículo y, en su defecto, a los criterios establecidos en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

Por tanto, y sin ánimo de reiterarnos, se aplicará la misma calificación fiscal de la renta que se acaba de exponer en sede del IRPF, de modo que el no residente que venda sus derechos de asignación gratuita al mercado o acuda a la ampliación de capital suscribiendo nuevas acciones liberadas se podrá beneficiar del diferimiento tributario al reducir el coste de adquisición de sus acciones. Y si acude a la tercera opción, recibiendo una compensación en efectivo del emisor, deberá declarar un dividendo obtenido en España el cual, en principio, tributará con sometimiento a una retención a cuenta del 19,5% salvo que el contribuyente pueda invocar un tipo de retención inferior o una exención tributaria al amparo del Convenio de doble Imposición que en su caso mantengan válidamente firmado España y el país donde el contribuyente tenga su residencia fiscal.

B) Impuesto sobre Sociedades (IS) e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) sin establecimiento permanente

El régimen fiscal aplicable al inversor que tenga la condición de sujeto pasivo del IS o del IRNR mediante establecimiento permanente exige analizar previamente el régimen contable asociado a las operaciones de scrip dividend pues, tal y como dispone el artículo 10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, “en el método de estimación directa la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”

Al no existir en la normativa reguladora del IS ningún precepto que de manera expresa contenga reglas aplicables a la suscripción de acciones gratuitas o a la venta de derechos de asignación gratuita, las reglas contables aplicables a estas operaciones tendrán plena convalidación fiscal.

Desde el punto de vista contable, el apartado 2.8 de la Norma de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad dispone que en relación con los dividendos en efectivo el perceptor registrará bien un ingreso o bien un menor valor de adquisición de las acciones. Si el dividendo percibido procede de beneficios generados por la empresa antes de la adquisición de las acciones, entonces el accionista registrará un ingreso financiero en su contabilidad como consecuencia del cobro del dividendo; y si, por el contrario, el beneficio con cargo al que se abonan los dividendos ha sido generado con posterioridad a la adquisición de las acciones, entonces el accionista computará un menor valor de adquisición de su inversión en la empresa en una cuantía igual al dividendo percibido.

Sin perjuicio de lo anterior, que exclusivamente se refiere a los dividendos satisfechos en efectivo, el PGC no contempla reglas específicas para dar solución contable a los scrip dividends, de modo que ha tenido que ser el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) quien, en contestación a la Consulta 1 del BOICAC nº 88/2011, ha venido a establecer criterios al respecto.

La citada contestación dispone, en síntesis, que se aplicará el siguiente tratamiento contable al scrip dividend:

• El régimen contable aplicable al importe obtenido por la venta de derechos de asignación gratuita al mercado (1ª opción) debe partir del fondo económico de la operación. A juicio del ICAC, en estas operaciones tiene mayor peso la consideración de la operación como la enajenación de un derecho de asignación gratuita que como el reconocimiento de un derecho de crédito a percibir en forma de acciones o en efectivo. Por ello concluye que el criterio contable ha de ser el propio de la baja de un activo financiero. Ello determina que si las acciones están clasificadas contablemente por el accionista en la categoría de activos financieros disponibles para la venta (valoradas a valor razonable), y sobre la base de que el activo que se da de baja ya está registrado a valor razonable, sólo habrá que reclasificar a la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de la operación, para lo que será necesario determinar el coste que se da de baja.

• En cuanto a la adquisición de acciones liberadas (2ª opción), el ICAC sigue el criterio de la Consulta 2 del BOICAC 47/2001 y por remisión de ésta, el criterio de la Consulta 1 del BOICAC 9. De acuerdo con el ICAC, si las acciones están clasificadas contablemente por el accionista en la categoría de activos financieros mantenidos para negociar o en la cartera de activos financieros disponibles para la venta (valoradas a valor razonable), las acciones antiguas y las nuevas se valorarán también a valor razonable, lo que dará lugar a la correspondiente variación en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el patrimonio neto, según donde esté clasificada la inversión. Y si las acciones están clasificadas en la categoría de inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas (valoradas al coste de adquisición), entonces el valor total de la cartera no se verá alterado, y todas las acciones, tanto las antiguas como las nuevas, se valorarán al precio medio ponderado.

• Por último en el caso de la 3ª opción en la que el accionista percibe una cantidad en efectivo como consecuencia de la transmisión de sus derechos de asignación gratuita al propio emisor de las nuevas acciones, el ICAC establece que el accionista reconocerá inicialmente un derecho de cobro (cuando se le notifique la existencia de la ampliación de capital) y el correspondiente ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando haya manifestado la opción por ejecutar dicho derecho mediante obtención de efectivo, a lo que seguirá la posterior variación del valor razonable del activo en la cuenta de pérdidas y ganancias o en patrimonio neto dependiendo de cuál sea la cartera en la que tenga clasificada la inversión a efectos contables.

Estos criterios contables han sido acogidos por la DGT quien, en la contestación a consulta tributaria de 30 de diciembre de 2013 (V3675-13) ha sentado los siguientes criterios de aplicación:

Opción 1. Venta al mercado de los derechos de asignación gratuita

En caso de que se produzca la transmisión de los derechos de asignación gratuita el valor contable de la participación se verá disminuido en el importe de los derechos. Por tanto, el resultado contable que resulte de este criterio de valoración contable se integraría en la base imponible de la entidad transmitente de tales derechos, con su correspondiente reflejo en la base imponible del IS.

Opción 2. Suscripción de la ampliación de capital y adquisición de nuevas acciones liberadas (el llamado “dividendo en especie”)

En relación con esta segunda alternativa considera la DGT que, siguiendo el criterio contable, las nuevas acciones recibidas de forma gratuita en la ampliación de capital conservarán la antigüedad de las acciones antiguas de las que proceden los derechos de asignación gratuita, distribuyéndose el valor de todas las acciones entre las antiguas y las nuevas recibidas en la ampliación.

De este modo no se producirá integración de renta alguna en la base imponible del IS por la adquisición de las nuevas acciones. Dicha tributación se producirá con posterioridad en el momento en que tenga lugar la transmisión de las acciones o su baja en el balance de la empresa (efecto diferimiento fiscal). En dicho momento, al haberse reducido el coste de adquisición unitario de las acciones, se generará un mayor beneficio financiero en la venta (o una menor pérdida financiera), y dicha renta positiva o negativa se integrará en la base imponible donde quedará sometido a gravamen al tipo de gravamen que corresponda.

Opción 3. No vender derechos al mercado ni suscribir nuevas acciones en la ampliación de capital y, a cambio, percibir una compensación económica en efectivo (el llamado “dividendo en efectivo”)

El régimen fiscal aplicable a esta tercera opción es analizado por la DGT distinguiendo según que el perceptor del importe en efectivo tuviera o no la consideración de accionista con carácter previo a la ampliación de capital.

En el primer caso, si el inversor ya tuviera la condición de accionista antes de la ampliación de capital, el efectivo obtenido como consecuencia de la transmisión de los derechos de asignación gratuita a la entidad emisora de las nuevas acciones tendrá la consideración de ingreso tributable de forma equivalente al cobro de dividendos, y ello porque la compensación económica percibida tiene como finalidad garantizar al socio la obtención de una remuneración. Por tanto, no se aplica el tratamiento propio de la venta de derechos de suscripción al mercado.

Dicha renta quedará sometida a la obligación de retención a cuenta, actualmente a un tipo de retención del 19,5%.

Ha de señalarse que es posible que el accionista que percibe el efectivo en esta tercera opción tuviera una participación superior al 5% y con más de un año de antelación en la entidad que amplia capital lo que, en principio, le permitiría aplicar la exención por doble imposición de dividendos en los términos del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esto, en la práctica, determinaría la ausencia de tributación para el accionista y la inexistencia de la obligación de retención, si bien hemos de advertir que se trata de un supuesto poco frecuente si se tiene en cuenta que la mayoría de las entidades que distribuye scrip dividends son empresas cotizadas.

En la hipótesis de que el inversor hubiera adquirido los derechos en el mercado, con independencia de que tuviera o no previamente la condición de accionista, el efectivo obtenido sería igualmente un ingreso tributable equiparable a un dividendo, cuya cuantificación vendría determinada por diferencia entre el valor de adquisición de los derechos y el importe de la compensación en efectivo percibida con cargo a beneficios no distribuidos.

A diferencia de lo previsto en materia de IRPF, el régimen fiscal expuesto no cuenta en el caso del IS con una regulación en el cuerpo normativo regulador del Impuesto. Esta circunstancia fue advertida en la Propuesta nº 42 del Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario (Informe Lagares), en la que se indicó lo siguiente:

“Debería regularse en el Impuesto sobre Sociedades un tratamiento fiscal uniforme con el que ya existe en el IRPF para la suscripción de una ampliación de capital con cargo a reservas, por la que se reciban las nuevas acciones totalmente liberadas”.

No obstante, la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades no ha sido receptiva a esta propuesta.

Los scrip dividends hoy. Argumentos a favor y argumentos en contra

En un tiempo como el actual en el que la crisis económica padecida estos años atrás empieza a decrecer en intensidad, se plantea la duda de si la fórmula de los scrip dividends seguirá llevándose a cabo por las empresas.

Desde la óptica de las empresas, entre los argumentos favorables a que esta práctica siga siendo habitual está el fortalecimiento de los recursos propios mediante la recapitalización de los beneficios no distribuidos, fomentándose la autofinanciación frente a la financiación externa.

También ha de señalarse un interesante efecto que hace ver con cierto atractivo fiscal la segunda opción de un scrip dividend (la opción del dividendo en acciones). En efecto, cuando el accionista no alcanza a tener una participación superior al 5% en la empresa, y la primera y tercera opciones, consistentes en la venta de derechos al mercado o a la propia entidad emisora no son fiscalmente eficientes pues determinan tributación, la segunda opción del dividendo en acciones permitiría diferir la tributación hasta la fecha en que se transmitan las acciones o las mismas causen baja de balance. Si la empresa quisiera mantener su política de remuneración a los accionistas dando una solución fiscalmente óptima a los socios minoritarios que tengan menos del 5% del capital, el scrip dividend y, más concretamente, la segunda opción consistente en el dividendo en especie se muestra como una ventajosa remuneración de dividendos con tributación diferida.

Entre los inconvenientes que apunta el scrip dividend en el corto plazo debe señalarse el hecho de que a partir del 1 de enero de 2017 la primera opción (venta de derechos de asignación al mercado) dejará de llevar aparejado un diferimiento en la tributación y perderá su atractivo fiscal para los accionistas que tengan la condición de contribuyentes por el IRPF.

Por último, no debe olvidarse que tras un quinquenio de scrip dividends generalizados en la bolsa, no son pocas las voces de los accionistas que protestan ante estas prácticas que han producido una dilución importante de su participación societaria en la empresa.

 

1. Recuérdense, por ejemplo, las múltiples referencias que realiza el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario (“Informe Lagares”) a la necesidad de evitar el sesgo empresarial al endeudamiento o, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, las recientes limitaciones legales a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros inicialmente introducidas en el artículo 21 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y que actualmente se encuentran reguladas en el artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

 

2. Contestaciones de 29-07-2009 (V1777-09); 28-04-2010 (V0848-10) y aclaración posterior en contestación de 4-10-2010 (V2206-10); 19-09-2011 (V2111-11) ; 10-12-2012 (V2352-12) ; 08-05-2013 (V1552-13); 16-09-2013 (V2727-13); 07-10-2013 (V2984-13); 30-12-2013 (V3675-13); 12-06-2014 (V1553-14) y 28-07-2014 (V2056-14).

Proyecto sobre Distribución Urbana de Mercancías para el centro urbano de Santander

Proyecto sobre Distribución Urbana de Mercancías para el centro urbano de Santander

Lunes, 01 de Febrero de 2016

Reunión21Enero16

El pasado 21 de enero el presidente de nuestro colegio profesional D. Ignacio San Juan Minchero presentó al Excmo. Alcalde de Santander D. Iñigo de la Serna, quien estuvo acompañado de su equipo del Área de Gobierno de Desarrollo Sostenible, un proyecto sobre Distribución Urbana de Mercancías, realizado en colaboración con la Universidad de Cantabria y con el apoyo de un consorcio de empresas tecnológicas y de inversión.

Dicho proyecto pretende analizar y proponer un modelo operativo de logística y transporte para el centro urbano de la ciudad de Santander, capaz de integrarse en el creciente comercio electrónico, permitir sinergias transversales a la movilidad sostenible integral, y ser económicamente eficiente y sostenible.

Fruto de esta presentación se ha propuesto desde el Ayuntamiento de Santander la formalización de un convenio de colaboración con el Colegio Profesional, que regule y permita llevar a cabo las necesarias pruebas piloto conducentes a determinar su evaluación, potencialidad, y viabilidad e interés económicos.

Esta iniciativa se enmarca dentro del conjunto de actividades que el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria viene desarrollando desde el año 2011 a través de su “Laboratorio de Innovación Abierta”.

Entrevista Eduardo Bra de la Rosa. Presidente de la Agrupación Cántabra de Empresas de Economía Social

ACEL

“Según el Ministerio de Empleo, las empresas de Economía Social han soportado mejor la crisis”

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria, Eduardo Bra de la Rosa es abogado ejerciente, experto en Derecho de Extranjería, Laboral, Derecho de Familia y del Deporte. Es Socio fundador de Trámites Fáciles Santander y presidente de la Agrupación de Empresas Laborales y de Economía Social de Cantabria (ACEL). Dicha entidad defiende la promoción, consolidación y desarrollo de las Sociedades Laborales y Cooperativas. Para ello, presta servicios que contribuyen a la mejora de la capacidad competitiva y viabilidad de este tipo de empresas, encargándose, además, de la difusión de los valores propios de la Economía Social.

¿En qué basa su labor esta agrupación? ¿Cuáles son los objetivos de ACEL?
ACEL defiende los derechos de las empresas de Economía Social ante las administraciones públicas y apoya, mediante asistencia técnica, a las sociedades laborales y cooperativas en la mejora de su productividad. Asimismo, ofrece todo el asesoramiento para aquellos futuros proyectos emprendedores que quieran encajar en el modelo empresarial de Economía Social. Por último, también participamos en el asesoramiento, la creación y consolidación de tales proyectos.
¿Quién puede formar parte de esta agrupación?
Aquellos proyectos empresariales que, con domicilio social en Cantabria, hayan escogido o pretendan elegir como forma jurídica las Sociedades Laborales o Cooperativas.
La existencia de agrupaciones como esta refuerza la idea de que eficiencia empresarial y responsabilidad social son perfectamente compatibles. ¿Considera que autoridades, instituciones y empresarios comparten esta afirmación?
Desde luego. Las empresas de Economía Social siempre se han caracterizado por desarrollar aspectos básicos relativos a la RSE. El 80% de los contratos de nuestras empresas son indefinidos y la representación de las mujeres en los órganos de dirección es superior a la media. Son empresas que se adaptan a medidas de conciliación con mayor flexibilidad y, por último, tienen mucho arraigo en el territorio. Es poco probable que una cooperativa o sociedad laboral se deslocalice.
¿Qué supuso la Ley de Cooperativas de Cantabria para la Economía Social?
Fue un acontecimiento muy importante en nuestra región, porque supuso un impulso en el nacimiento de nuevas cooperativas y propició que en Cantabria comenzara a hablarse de ellas, difundiéndose este modelo de creación de empresas entre los emprendedores. Esta entrevista es un reflejo de ello; vosotros sois un colectivo que ayuda a crear, a asesorar empresas y hoy estamos aquí hablando sobre este modelo empresarial.
¿Qué beneficios tiene esta fórmula empresarial en situaciones de desaceleración económica?
Según el Ministerio de Empleo, las empresas de Economía Social han soportado mejor la crisis, han destruido ocho puntos menos de empleo que el resto de las empresas mercantiles y presentan una proporción de contratos indefinidos del 80%. Estos son dos de los aspectos más importantes para salir de una situación de crisis económica, por lo que creo que los beneficios de este modelo empresarial son obvios.
En estos momentos, parece que el modelo de economía social está suscitando un mayor interés en el ámbito social, empresarial, político… ¿A qué cree que se debe?
Históricamente, la desaceleración económica ha favorecido la aparición de empresas de este tipo. A lo largo de los años, el modelo económico social ha supuesto una solución en reconversiones industriales, creando puestos de trabajo estables y de calidad. Además, desde el ámbito social se ven como empresas con valores, en las que se prioriza a las personas antes que al capital, en la medida que se distribuyen los beneficios entre todos. De ahí, la popularidad y el interés que despiertan.
¿Existe algún tipo de ayuda o subvención para poner en marcha una actividad empresarial de carácter social?
Sí. Existen diferentes subvenciones para este tipo de empresas. Hay ayudas destinadas a la constitución y el posterior desarrollo de la actividad, además de ayudas para llevar a cabo inversiones que mejoren la competitividad de las Sociedades Laborales y Cooperativas.
¿Es el cooperativismo un modelo de negocio aún por conocer, o podría decirse que está perfectamente asentado en el ámbito empresarial actual?
Creo que necesitamos llevar a cabo una mayor difusión de estos dos modelos empresariales en todos los ámbitos. En la Universidad y otros niveles formativos. Además, debemos darnos a conocer entre los expertos en gestión de empresas como vosotros, los Titulados Mercantiles.
¿Considera que los jóvenes y emprendedores son el público objetivo ideal para este tipo de actividad económica?
Sin duda que lo son, pero también los trabajadores que provienen de una empresa en situación de crisis o cuando el dueño de una empresa cesa su actividad. También puede ser una solución más que adecuada en aquellas situaciones de relevo generacional, cuando el empresario jubilado no tienen quien le sustituya y son los trabajadores los que deciden ponerse al frente de la empresa.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.