El nuevo tratamiento fiscal de las operaciones de capitalización de deudas y de las quitas y esperas.

Por : Manuel Fernández González de Torres.
Asesor Fiscal. Inspector de Hacienda del Estado en excedencia.

 
El R.D.-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, publicado el 8 de marzo en el BOE, establece una reforma con la finalidad de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación. Este marco legal constituye una de las áreas más relevantes ya que, fruto del consenso entre el deudor y sus acreedores, con la pretensión de maximizar el valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos. Para ello el Real Decreto-ley 4/2004 realiza la modificación de diversos preceptos de la Ley Concursal, junto a ello y con la finalidad de establecer un régimen fiscal adecuado de los acuerdo de refinanciación y de los Convenios alcanzados en los procesos Concursales, en las disposiciones finales 2ª y 3ª del citado Real Decreto- Ley introducen determinadas modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales, que pasamos a analizar en estas líneas.
En el Impuestos sobre Sociedades se establecen las siguientes modificaciones:
a) Un nuevo régimen fiscal de las recapitalizaciones de deudas, estableciendo la ausencia de tributación en los supuestos de capitalización de deudas, salvo que las mismas hubieran sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor distinto del nominal. Señala la exposición de motivos que de esta forma se recoge expresamente en la Ley un criterio que ya había sido admitido por la doctrina administrativa para determinados supuestos de capitalización de deudas entre entidades vinculadas.
b) Un nuevo criterio de imputación temporal de los ingresos derivados de quitas y esperas, acordadas de conformidad con la Ley Concursal, con el objeto de establecer un tratamiento adecuado a la situación económica actual y evitando que la fiscalidad pueda suponer un obstáculo a las operaciones de refinanciación en general.
En el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados.
En la disposición final 3ª del Real Decreto ley 4/2014 se amplía la exención en el citado impuesto a las escrituras públicas que contengan quitas u otras reducciones de préstamos o créditos y demás obligaciones facilitando de esta manera los acuerdos de refinanciación o de pago.
Las modificaciones citadas se introducen con vigencia desde 1 de enero de 2014.

1) Impuesto sobre Sociedades.

1.A) Operaciones de capitalización de deudas.
Se modifica el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 4/2004 que regula el tratamiento de determinadas operaciones societarias y de las adquisiciones y trasmisiones lucrativas, señalando que las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos, se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración contable. Esta nueva regla se introduce en el último párrafo del apartado 1 del artículo 15 del Texto Refundido del Impuesto de Sociedades.
También se excluye de la aplicación de la regla de valor de mercado, a la valoración de los elementos patrimoniales aportados a entidades y a los valores recibidos en contraprestación en las operaciones de capitalización de créditos, con la modificación introducida en la letra b) del apartado 2 del citado artículo 15.
La mención al importe de dicho aumento suscita la duda de si solo debemos considerar el importe de la cifra de capital aumentado o también debería tenerse en cuenta el importe de la prima de emisión, en caso de existir ésta. Más adelante comentaremos esta circunstancia.
En el análisis de la operación de capitalización de créditos debe distinguirse entre el tratamiento en sede de la sociedad deudora o prestataria del correspondiente a la sociedad acreedora o prestamista.

a) Sociedad deudora (prestataria).

La nueva norma establece que en las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración contable.

Parece que la norma se decanta en estos supuestos por valorar el crédito por el importe del capital ampliado en la correspondiente escritura pública, entendemos que incluyendo, en su caso, la prima de emisión correspondiente. De esta forma se pretende que la empresa deudora (prestataria) no tenga que integrar en su base imponible ingreso alguno, en los supuestos en que el valor del capital recibido y, en su caso, de la prima de emisión, que deberá coincidir con el valor razonable de la deuda, sea inferior al nominal de la deuda contabilizada, deuda ésta que va a desaparecer con la compensación derivada de la ampliación del capital de la sociedad.

La forma en que se ha introducido esta modificación nos parece poco clara, por ello, requiere de una interpretación para su aplicación. No obstante, la exposición de motivos del Real Decreto Ley es sumamente clara al señalara con rotundidad lo que la norma pretende, que no es sino, como ya hemos señalado, establecer la ausencia de tributación en el Impuesto sobre Sociedades, en los supuestos de capitalización de deudas, salvo que las mismas hubieran sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor distinto del nominal.

Contablemente conforme al PGC y al criterio administrativo del ICAC plasmado, en particular, en la consulta nº4 del BOICAC 89/2012, la sociedad deberá reconocer un incremento de sus fondos propios por el valor razonable de la deuda que se va a dar de baja, y contabilizará un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias por la diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la deuda que es objeto de capitalización.

Conforme a la nueva redacción del artículo 15 de la Ley del Impuestos sobre Sociedades, este ingreso contable no será ingreso fiscal y, por ello, deberá efectuarse el correspondiente ajuste extracontable negativo, que tendrá la naturaleza de diferencia permanente.

Ejemplo.
Supongamos que la sociedad A otorgó un préstamo a la sociedad B por importe de 200.000€ a un plazo de 5 años pagadero mediante cuotas mensuales de igual importe. Ante las dificultades de tesorería se torna problemático hacer frente a las cuotas correspondientes, llegándose a un acuerdo con la sociedad A para convertir el préstamo en capital por lo que se amplia el capital en 180.000 euros, mediante la emisión de acciones de 3 euros (valor nominal 2 euros).El valor contable del crédito en el momento de la ampliación es de 210.000 euros.

En este supuesto en la sociedad B el asiento contable sería:
_____________________X_____________________
210.000 Préstamos a L/P a Capital Social 120.000
(60.000 acc *2€)
a Prima de emisión 60.000
a Ingresos 30.000
______________________X_____________________

Este ingreso contable por importe de 30.000 euros no será ingreso fiscal en la determinación de la base imponible de la sociedad B y, por ello, en esta sociedad deberá efectuarse un ajuste negativo sobre le resultado contable del mismo importe. Esta diferencia deberá tener la consideración de permanente.

Con anterioridad a 1 de enero de 2014 este ingreso contable se integraba en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, lo cual determinaba el agravamiento de la situación delicada que atravesaban las empresas que efectuaba la capitalización de determinadas deudas.

Un caso particular de estas situaciones es cuando la operación de capitalización se producen entre empresas de grupo o vinculadas, el ICAC en las consultas nº4 y nº5 del BOICAC 79/2009, a las que hace referencia la consulta nº 4 del BOICAC 89/2012, establece su tratamiento contable distinguiendo entre:

a) Condonación de un crédito concedido por una sociedad dependiente a otra sociedad dependiente y
b) Condonación de un crédito de una sociedad dependiente a su sociedad dominante.

En estos casos, la empresa a la que se le condona el crédito no obtiene ningún ingreso en la medida en que la empresa que lo condona (aportante/ prestamista) tenga una participación de la matriz del 100% y esta participe a su vez también en el 100% de la sociedad a la que se le condona la deuda (receptora/prestataria) en el supuesto a). Y en el supuesto b) que la filial esté participada en el 100% por su matriz.

Las operaciones a las que se refiere la consulta son operaciones equivalentes a lo que sucede con las ampliaciones de capital por compensación de créditos y, por ello, tienen un tratamiento contable idéntico. El criterio contable ha sido asumido por la Dirección General de Tributos en diversas consultas, en particular, cabe citar las consultas V2941-13 y V3074-13.

Debe destacarse que en las consultas antes referidas se señala que la realidad económica en este tipo de transacciones, tal como precisa el PGC 2007 para el supuesto dominante-dependiente, es una operación distribución/recuperación y aportación de fondos propios, que en el supuesto de que se acuerde entre sociedades dependientes necesariamente afectará a las cuentas de la sociedad dominante o, en su caso, de la persona física o jurídica que ejerza la dirección única. Con este criterio sobre el tratamiento contable de estas operaciones se planteaba la duda, de si en el caso de que el papel de la sociedad dominante lo representase una persona física, cabría considerar que podría producirse una distribución de dividendos en especie a favor de esta persona física que pudiera proyectar sus efectos en el ámbito del IRPF del socio o socios que ejerciese la dirección única de un grupo de empresa, tema que tenía su evidente trascendencia y que generaba una evidente preocupación, pero con buen criterio la Dirección General de Tributos, en dichas contestaciones señala claramente que cuando se trata de socios personas físicas, con carácter general, la condonación del préstamo no producirá efectos en el IRPF de los mismos, debido a que los socios son ajenos al préstamo efectuado entre sus sociedades.

b) Sociedad acreedora (Prestamista).
En el caso de que estemos en sede de la sociedad acreedora o prestamista, la modificación consiste en que en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos, el valor de los créditos aportados y el de los valores recibidos en contraprestación, se excluyen de la regla de valoración a valor de mercado y que en estos casos, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.
En este caso también es necesario interpretar la norma considerando que por entidad transmitente debe de entenderse que es la entidad acreedora o prestamista, que es la que transmite el crédito a la entidad deudora o prestataria en contraprestación de las acciones o participaciones recibidas derivadas de la ampliación de capital.
En esta operación en la medida que exista una diferencia positiva entre el importe de capital que se amplia y el valor fiscal del crédito se producirá un ingreso computable en la base imponible de la sociedad acreedora o prestataria. Esta situación normalmente se producirá en el caso de sociedades acreedoras que hayan adquirido el crédito por un precio de adquisición inferior a su valor nominal.
El tratamiento contable de esta operación también se recoge en la consulta nº4 del BOICAC 89/2012, antes citada, siguiendo el ejemplo planteado en el apartado a) anterior tendríamos en la sociedad acreedora/prestamista el siguiente asiento:
_______________________X_________________
180.000 I.F. aL/P en Instrumentos de Patrimonio
(60.000 acciones de 3 euros)
30.000 Pérdidas en la valoración del crédito
a Créditos a L/P 210.000
_________________________X__________________
Esta pérdida de 30.000 euros representa la diferencia entre el valor razonable del crédito, que se corresponde con el importe del aumento de capital y, en el ejemplo señalado, de la prima de emisión. Se plantea el dilema de si esta pérdida tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible por la forma en como se redactan las modificaciones efectuadas en el artículo 15.
Por una parte, tanto el valor de los créditos aportados como el de los valores recibidos en contraprestación, se excluyen de ser valorados a mercado. Parece que ambos activos deben de valorarse de forma equivalente y esta valoración, que no es la de mercado, debería ser la del importe del aumento desde el punto de vista mercantil. Esto lo deducimos de lo señalado en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 15 de la Ley del Impuesto.
Siguiendo este planteamiento en la conversión en sede del prestamista/ acreedor no determinaría resultado negativo a integrar en la base imponible, de la misma forma que la conversión de la deuda en capital no determina la existencia de un resultado positivo a integrar en la base imponible, de la sociedad acreedora o prestataria, cuando el valor razonable de la ampliación de capital y, en su caso de la prima, es inferior, al valor razonable de la deuda en sede del prestatario/deudor.
En el ejemplo, anterior si valoramos el crédito por el importe del aumento desde el punto de vista mercantil, fiscalmente, no existiría una pérdida a integrar en la base imponible y de haberse registrado contablemente la misma, se debería de ajustar aumentando el resultado contable en su importe a los efectos de determinar la base imponible. Es decir, que el caso de adquisición originaria del crédito, cuando el prestamista/ acreedor es el titular o propietario del crédito en su origen, porque efectuó la prestación, la entrega del dinero, la conversión de su crédito en capital no generará un supuesto de tributación positivo o negativo. Luego en el ejemplo planteado la pérdida contable que se deriva de la conversión del crédito adquirido de forma originaria no sería gasto fiscalmente deducible.
Solo en el caso de adquisición derivativa , término empleado, en la exposición de motivos del Real Decreto Ley, en la que el valor fiscal del crédito fuese inferior al importe del aumento desde el punto de vista mercantil cabría computar un resultado fiscal en la base imponible. En el ejemplo anterior si el crédito fue adquirido de un primer titular, adquisición derivada, por un importe, por ejemplo, de 130.000 euros, la conversión del mismo determinaría una renta positiva, entendemos, de 50.000, diferencia entre 180.000 y 130.000 o teniendo en cuenta la literalidad del apartado 3 del citado artículo 15, de una pérdida o renta negativa de 10.000, diferencia entre el importe del capital ampliado, correspondiente a la participación en el mismo y el valor fiscal del crédito.
Por otra lado, también podría entenderse que en sede del prestamista/ acreedor deberá integrase en todo caso el resultado, sea éste positivo o negativo, es decir, la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado, en los términos que señala el apartado tres del artículo 15 de la Ley del Impuesto. En los ejemplos antes señalados determinaría en el primer caso una pérdida de 30.000 (180.000 – 210.000) si consideramos tanto el importe de capital como el de la prima de emisión o una pérdida de 90.000 (120.000-210.000) si solo consideramos el importe del capital y en el caso de adquisición derivada del crédito una ganancia de 50.000 (180.000-130.000) o una pérdida de -10.000 (120.000-130.000) según entendamos la aplicación de la norma.
De las diferente alternativas puede ser defendible considerar en el primer caso, adquisición originaria del crédito, que se produce una pérdida fiscal de 30.000 y en el segundo caso, adquisición derivativa del crédito, lo que se produce es una ganancia fiscal de 50.000. Aunque también puede ser razonable considerar la existencia de neutralidad fiscal en la operación de conversión en sede de la sociedad prestamista o acreedora que haya adquirido de forma originaria el crédito.
En cualquier caso parece que puede existir un cierto conflicto entre la claridad de la exposición de motivos y la redacción de las modificaciones introducidas en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y por ello, la duda es si la capitalización de deudas originarias puede o no puede generar tributación en el Impuesto sobre Sociedades en sede de la sociedad prestamista o acreedora.

1.B) Quitas y esperas.

El tratamiento de las quitas y esperas durante el 2013 ya se modificó por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, al establecer que la limitación a la compensación de bases imponibles negativas no resultará de aplicación en el importe de las rentas correspondientes a quitas consecuencia de un acuerdo con los acreedores no vinculados con el sujeto pasivo, aprobado en un período impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2013.
El tratamiento fiscal de las quitas ha suscitado una cierta problemática en torno a si el beneficio derivado de la quita o de la espera debería de reconocerse e imputarse en el ejercicio en que se acuerda o en los ejercicio en los que se fuera ejecutando el contrato de préstamo . Con el nuevo Plan General de Contabilidad y la interpretación realizada por el ICAC y siguiendo la misma la doctrina del la Dirección General de Tributos se consideró que este beneficio debería ser reconocido como ingreso contable y fiscal en el ejercicio en que se aprobara la quita en el correspondiente Convenio de Acreedores.
En el Real Decreto Ley 4/2004 que comentamos se establece una nueva regla de imputación temporal de ingresos, aplicable en los casos de quitas y esperas acordadas en el marco de la Ley Concursal, que se incorpora en el apartado 14 del artículo 19 del Real Decreto Legislativo 4/2004. En la nueva regla de imputación temporal diferida hay que distinguir entre los supuestos en los que el ingreso correspondiente a la quita y espera no supere los gastos financieros pendientes de registrar derivados de la misma deuda o si los superen.
En el primer caso el ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas se imputará en la base imponible del deudor a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del citado ingreso.
En el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma deuda.
El tratamiento contable de quitas y espera se explica en la consulta nº1 del BOICAC 76/2008, el ICAC de acuerdo con la norma de registro y valoración 9ª. “Instrumentos financieros” del Plan General de Contabilidad, señala que en estos casos la sociedad deudora deberá proceder a determinar si la condiciones de los dos pasivos el previo y el acordado son sustancialmente diferentes, se considerarán que los contratos son sustancialmente diferentes cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste. Por tanto hay que distinguir:
(a) Si las condiciones son sustancialmente diferentes: se dará de baja el pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo por su valor razonable. La diferencia se contabilizará como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, minorado, en su caso, en el importe de los costes de transacción atribuibles. Dicho resultado se mostrará en el margen financiero debiendo crear la empresa una partida específica con adecuada denominación si su importe es significativo. A tal efecto, se propone la siguiente denominación: “Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores”.
(b) Si las condiciones no son sustancialmente diferentes: no se dará de baja el pasivo financiero original, registrando, en su caso, el importe de las comisiones pagadas como un ajuste en su valor contable. Se calculará un nuevo tipo de interés efectivo, que será el que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.
Por tanto, en este segundo caso no hay que reflejar contablemente ingreso alguno.
Ejemplo,
Supongamos que los contratos son sustancialmente diferentes y que el cuadro de amortización de la nueva deuda es el siguiente:
AÑOS ANUALIDAD INTERES CUOTA CAPITAL PENDIENTE
1 243,89 70,00 173,89 826,11
2 243,89 57,83 186,06 640,05
3 243,89 44,80 199,09 440,96
4 243,89 30,87 213,02 227,94
5 243,89 15,96 227,93 0,00
219,45 1.000,00

Suponemos dos situaciones:

a) La quita es de un importe de 200.

En el año en que se clebre el convenio se reflejará el ajuste negativo por importe de 200, al tratarse de un ingreso contable que no representa un ingreso fiscal en este ejercicio. En los años posteriores se efectuaran los siguientes ajustes:

Año 1, +70
Año 2, +57,83
Año 3, + 44,80
Año 4, +27,37

b) La quita es de un importe de 500.

AÑOS % gastos Financieros Imputación Quita
1 31,90% 159,49
2 26,35% 131,75
3 20,42% 102,08
4 14,07% 70,33
5 7,27% 36,35
500,00

En el año en que se perfeccione el convenio se reflejará el ajuste negativo por importe de 500, al tratarse de un ingreso contable que no representa un ingreso fiscal en este ejercicio . En los años posteriores se efectuaran los siguientes ajustes:

Año 1, +159,49
Año 2, +131,75
Año 3, + 102,08
Año 4, +70,33
Año 5, +36,35

2) Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se modifica el número 19 de la letra B) del apartado I del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, estableciendo que las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor.
3) Conclusiones:

De los comentarios anteriores entendemos que se pueden extraer, en particular, las siguientes conclusiones:

1) Consideramos como muy adecuada la modificaciones normativas realizadas por el Real Decreto Ley , especialmente, en el Impuesto sobre Sociedades, equiparando el tratamiento en la sociedad acreedora de la recapitalizaciones de deudas que se consideraba aplicable por el criterio administrativo a las entidades vinculadas evitando la tributación de este tipo de operaciones en sede de la entidad prestamista o acreedora.

2) La modificación en el Impuesto sobre Sociedades no alcanza al resultado positivo que pueda obtener el acreedor o prestamista en la capitalización de su crédito cuando lo haya adquirido de forma derivada con un descuento. Entendemos que sería razonable aplicar también en estos casos la regla de neutralidad fiscal, que este canje no estuviera sujeto a tributación, teniendo en cuenta las incertidumbres futuras que supone apostar por un proyecto empresarial que estando en crisis se pretende apoyar con la conversión de la deuda en capital.

3) El tratamiento de la regla de imputación temporal en las quitas y esperas solo se extiende a las situaciones concursales y esto es limitativo considerando que debería se de aplicación a otra situaciones idénticas al margen de procesos concursales. Estas situaciones participan de las características de las operaciones a plazo y, por ello, con independencia de cual sea su tratamiento contable, fiscalmente, debería convertirse o integrarse en base imponible a medida que se van ejecutando o produciendo en el tiempo.

4) Las modificaciones del artículo 15 entiendo que no son lo suficientemente claras, especialmente, en el tratamiento en sede de la entidad prestamista/acreedora, si tenemos en cuenta la claridad de la exposición de motivos de la norma, en la que se señala la no tributación de las operaciones de capitalización de deudas salvo en los casos de conversión de deudas derivadas. Por ello será muy importante la doctrina administrativa que vaya fijando la Dirección General de Tributos.

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