LOS PARAÍSOS FISCALES. ECONOMÍA DE OPCIÓN VERSUS SIMULACIÓN. UN DEBATE INCONCLUSO

Autor: Leopoldo Pons Albentosa: •Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. • Investigador en foros como London School of Economics, Brookings Institution Washington D.C.. Internal Revenue. Departamento del Tesoro Norteamericano. • Presidente de ilp Leopoldo Pons

Autor: Leopoldo Pons Albentosa:
• Inspector de Hacienda del Estado en excedencia.
• Investigador en foros como London School of Economics, Brookings Institution Washington D.C.. Internal Revenue. Departamento del Tesoro Norteamericano.
• Presidente de ilp Leopoldo Pons

1 LA FISCALIDAD Y LA ELECCIÓN POR PIES DEL CONTRIBUYENTE. LA FORMULACIÓN TIEBOUT DEL SIGLO XXI. La competencia fiscal territorial es un fenómeno que ha existido siempre en la historia económica desde las políticas arancelarias de antaño, impuestos a la importación, hasta los impuestos al consumo. Son evidencias que, con el tiempo y el desarrollo económico, han ido por un lado desapareciendo, caso de las zonas de libre comercio o de espacios como el europeo, y por otro adquiriendo formatos cada vez más singulares y sofisticados sobre todo cuando los sistemas tributarios han ido situando la imposición directa en un primer plano, cosa que sucede de forma progresiva pero imparable dese los años cincuenta del siglo XX. cheap albion silver En la actualidad las diferencias de imposición, ya sea de las personas físicas como de las jurídicas, siguen siendo un importante factor de elección a la hora de decidir la residencia fiscal y por tanto dónde declarar y tributar, en su caso, por las rentas generadas, siendo un caso reciente demostrativo de ello el trato dado a un grupo muy significativo de grandes multinacionales por la Hacienda Pública de Luxemburgo. La globalización y la internacionalización de la economía a escalas claramente supranacionales ha convertido lo que venía siendo un privilegio de unos pocos y de unas selectas actividades en un problema que atañe a todos los sistemas impositivos desarrollados y ello no solo por el factor de pérdida de recaudación de sus arcas, que desde luego puede ser nada desdeñable, sino por otros problemas añadidos como son la pérdida de equidad de su sistema al permitir que residentes natos puedan escapar a la fiscalidad frente a otros que no lo pueden hacer, máxime teniendo en cuenta que no estamos ante un libre albedrío de cualquier contribuyente sino solo de aquellos que por su dimensión, nivel de ingresos y complejidad de los mismos suficientemente grandes, pueden optar a este tipo de opciones. Añadido a tal cuestión estrictamente impositiva ha aparecido el problema del blanqueo de dinero, cuestión que necesita normalmente para cerrar el ciclo un área de fiscalidad que nos lleva al extremo de las geografías fiscales de conveniencia es decir de los paraísos fiscales, instituto jurídico territorial al que le vamos a dedicar este simple trabajo de aproximación. Nos centramos a la hora de redactar en un recorrido rápido sobre la normativa en materia de paraísos que de una forma u otra hemos visto alumbrada en nuestro sistema fiscal, sin desconocer que el marco internacional, y por supuesto el de la Unión Europea, ha ido evolucionando de forma cada vez más concreta a la hora de reducir de forma efectiva lo que de una forma u otra se podría conocer como de malas prácticas impositivas, y en este sentido la paulatina debilitación del secreto bancario no ha sido precisamente un tema menor. 2 LA DEFINICIÓN DE PARAÍSO FISCAL En 1998, la OCDE fijó una serie de factores para identificar si un territorio puede considerarse un paraíso fiscal. Estos cuatro factores son los siguientes: a) Impuestos nominales o ausencia de los mismos b) Inexistencia de intercambios efectivos de información c) Falta de transparencia d) Ausencia de actividad económica significativa en el territorio (por parte de los no residentes que allí se instalan) El punto de partida de la OCDE para calificar un territorio como paraíso fiscal es que sus impuestos sean nominales o inexistentes, generalmente junto al hecho de que el territorio se ofrezca o se perciba como un lugar donde un no-residente puede evitar tributar en su país de residencia. El resto de factores se evalúan dependiendo del contexto particular de cada territorio, con lo que no es necesario que se cumplan en su totalidad según la metodología seguida por la OCDE, lo que acaban introduciendo una considerable dosis de ambigüedad. La legislación española por su parte no da una definición genérica de lo que se considera un paraíso fiscal. En cambio, se llevó a cabo una primera identificación de los territorios considerados como paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, definiendo como tales a 48 territorios. Este texto legal fue modificado posteriormente mediante el Real Decreto 116/2003, añadiendo un segundo artículo que eliminaba de la lista de paraísos fiscales a aquéllos que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información, en tanto dichos acuerdos estuviesen en vigor. Tres años después, la Ley 36/2006 estableció que tendrían la consideración de paraíso fiscal aquellos territorios que se determinases reglamentariamente y en tanto eso no sucediese, habría que acudir a la lista del Real Decreto 1080/1991. albion gold Junto a los paraísos fiscales, la Ley 36/2006 añadió los conceptos “territorio de nula tributación” y “efectivo intercambio de información tributaria”, en base a los cuales se otorgaba más flexibilidad para que la norma interna de cada tributo pudiese remitirse a los mismos y perseguir la evasión fiscal de manera más efectiva. En la tabla siguiente se muestra la lista original de 48 paraísos fiscales establecida en el Real Decreto 1080/1991, tachando aquéllos que hoy en día ya no tienen tal consideración por haber firmado acuerdos con el Estado Español, siendo 34 los que tienen a día de hoy dicha consideración: Paraísos fiscales RD 1080/1991 (actualizado a 17/11/2014) Anguila Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal) República de Chipre Antigua y Barbuda Islas Malvinas República de Dominica Antillas Neerlandesas Islas Marianas República de Liberia Aruba Islas Salomón República de Malta Barbados Islas Turcas y Caicos República de Nauru Bermuda Islas Vírgenes Británicas República de Panamá Emirato del Estado de Bahréin Islas Vírgenes de Estados Unidos de América República de San Marino Emiratos Árabes Unidos Jamaica República de Seychelles Fiji Las Bahamas República de Singapur Gibraltar Macao República de Trinidad y Tobago Gran Ducado de Luxemburgo (determinadas rentas) Mauricio República de Vanuatu Granada Montserrat República Libanesa Hong-Kong Principado de Andorra San Vicente y las Granadinas Isla de Man Principado de Liechtenstein Santa Lucía Islas Caimán Principado de Mónaco Sultanato de Brunei Islas Cook Reino Hachemita de Jordania Sultanato de Omán. buy albion silver   3 LA FISCALIDAD ESPAÑOLA Y LOS PARAÍSOS FISCALES En la normativa tributaria española existe una multitud de referencias y salvaguardas frente a las operaciones realizadas con personas o entidades domiciliadas en paraísos fiscales, en aras de evitar la erosión de la base imponible fiscal. Incluso en las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014 de la Agencia Tributaria se establecen una serie de medidas encaminadas a luchar contra los paraísos fiscales:  Verificación de la tributación de las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales para garantizar que se ajustan a las limitaciones y reglas especiales previstas por nuestra normativa tributaria en relación con estos supuestos. albion silver  Control sobre personas o entidades que localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países, sobre todo en países o territorios de baja tributación o paraísos fiscales, con el propósito de eludir el pago de impuestos en España. Impuesto sobre Sociedades Por lo que respecta a la tributación en el Impuesto sobre Sociedades, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS) en su artículo 12.4 impide la deducción de las pérdidas por deterioro de valores que coticen en un paraíso fiscal. Por otro lado, el artículo 14.1.g) del TRLIS invierte la carga de la prueba en el caso de gastos por servicios prestados por personas o entidades residentes en paraísos fiscales. A priori no son deducibles salvo prueba en contrario de que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada. cheap albion gold En cuanto a las reglas de valoración, el artículo 17.2 establece que las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales se deberán realizar a valor de mercado, a no ser que esto implique una menor tributación en España, en cuyo caso se empleará el valor convenido por las partes. En este contexto, el artículo 21 ter del Reglamento del IS obliga al contribuyente a documentar estas operaciones cuando se realicen con partes no vinculadas, incluyendo entre otras cosas un análisis de comparabilidad y explicando el método de valoración elegido. No se exigirán las obligaciones de documentación cuando el obligado tributario pueda demostrar que la operación obedece a motivos económicos válidos, que realice operaciones equivalentes con terceros no residentes en paraísos fiscales y pueda acreditar que el valor convenido en estas operaciones se corresponde con las operaciones con paraísos fiscales. También el TRLIS limita los beneficios fiscales para evitar la doble imposición cuando la filial reside en un paraíso fiscal, no siendo de aplicación la exención del artículo 21 cuando la entidad participada resida en un paraíso fiscal, excepto que esté situado en la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades empresariales. No obstante, la deducción para evitar la doble imposición internacional sí que es aplicable aunque la renta se obtenga en un paraíso fiscal, criterio corroborado por la Dirección General de Tributos y la Audiencia Nacional. Por supuesto, la normativa de documentación de operaciones vinculadas es de plena aplicación cuando la parte vinculada reside en un paraíso fiscal. No obstante, tanto el TRLIS como su Reglamento determinan que las operaciones vinculadas realizadas con paraísos fiscales deben documentarse independientemente de los límites de exoneración establecidos de manera genérica. Por lo que respecta a las labores de control rutinarias, se obliga a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a detallar en sus autoliquidaciones anuales las operaciones no vinculadas realizadas con paraísos fiscales, identificando a la persona o entidad, país de residencia, el importe y la descripción de la operación. Asimismo, también se deben detallar en un apartado separado las participaciones en entidades residentes en paraísos fiscales, declarando la entidad, país de residencia, porcentaje de participación y valor de adquisición de la misma. buy albion gold Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas En relación con la fiscalidad de las personas naturales, La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas (en adelante LIRPF) impone en su artículo 8.2 que si un contribuyente del IRPF de nacionalidad española traslada su domicilio desde España a un paraíso fiscal, durante el ejercicio de traslado y los cuatro siguientes seguirá teniendo que tributar en el IRPF español. Asimismo, la LIRPF determina un tratamiento más duro para las inversiones en instituciones de inversión colectiva situadas en paraísos fiscales. Así, el contribuyente deberá imputar anualmente en la base imponible la diferencia positiva entre el valor liquidativo de la participación al cierre del ejercicio y su valor de adquisición, debiendo tributar aunque la plusvalía sea latente y no se haya materializado. Además, se presume, salvo prueba en contrario, que dicha diferencia es el 15% del valor de adquisición; obligando de esta manera al contribuyente a tener que demostrar la verdadera revalorización de su inversión. Obligación de declarar bienes situados en el extranjero Con la intención de mejorar la información disponible por la Agencia Tributaria, desde el ejercicio 2012 existe obligación de declarar aquellos bienes situados en el extranjero, que sean titularidad plena o en parte de residentes fiscales en España. buy albion gold Si bien esta medida no afecta únicamente a los paraísos fiscales, sí que es de vital importancia en tanto muchos de ellos han firmado acuerdos de intercambio de información tributaria con España, lo que implica romper el secretismo de estos patrimonios. La ocultación de estos bienes y su no declaración en el modelo 720 creado ad hoc puede acarrear sanciones de importe considerable, en concreto de 5.000 euros por dato o conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 euros por cada una de las tres obligaciones de declaración: cuentas bancarias, valores y bienes inmuebles. 4 CONCLUSIÓN. LAS ECONOMÍAS DE OPCIÓN TRIBUTARIA, EL FRAUDE DE LEY Y LA DEFRAUDACIÓN. UNAS FRONTERAS ABIERTAS POR DEFINICIÓN. La historia de la fiscalidad nos ha venido reiterando una y otra vez, que la misma se aleja de fórmulas cerradas y de soluciones ideales. La competencia territorial no es ajena a esta dificultad intrínseca que, con el paso de los años y los desarrollos tecnológicos, han ido dificultando de forma notable. cheap albion gold Es indudable que la elección por pies del contribuyente es una opción de mucho mejor alcance en la actualidad que hace 50 años. Lo que después de la Segunda Guerra Mundial fueron situaciones y soluciones de bandera de conveniencia en sectores arquetípicos, como los buques de transporte de mercancías y pasajeros, se ha ido generalizando conforme, como hemos afirmado en este trabajo, la economía se ha globalizado. No obstante, distinguir entre lo que son economías de opción puras frente a lo que son ingenierías financieras forzadas, que pueden llevar a los institutos de lo fraude de Ley o a los del ilícito y, en consecuencia, a la defraudación tributaria, es una tarea que no termina con la mejora de las legislaciones, siendo estas de la mayor importancia, donde los Estados y los organismos supranacionales juegan un papel relevante. 5 REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS – Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. – Real Decreto 116/2003, de 31 de enero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, y el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. – Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. – Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. – Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. – Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. – Harmful tax competition. An emerging global issue.

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